Los desvíos de mil 978 millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a cuentas bancarias y tarjetas de crédito de Elba Esther Gordillo Morales, que la Procuraduría General de la República (PGR) considera lavado de dinero, pueden configurar un presunto fraude o incluso podrían implicar defraudaciones al fisco consumadas, pero de ninguna manera encuadran en el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita ni mucho menos representan actividades de la delincuencia organizada, sostuvo en entrevista con La Jornada Enrique Aranda, doctor en derecho constitucional y profesor de derecho penal de diversas universidades del país.

Felipe Rosales, otro penalista con dos décadas de experiencia en litigios vinculados con la delincuencia organizada, dijo que lo que está haciendo actualmente la PGR (ocurrió en el caso de Gordillo, pero también sucedió en el de Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, o en el del empresario Gastón Azcárraga) para acusar de lavado a cualquier ciudadano es sostener que si bien el dinero que utilizaron puede ser de procedencia lícita, se vuelve ilícito al momento en que el imputado usó dolosamente las instituciones financieras o bancarias para fines distintos al destino original que tenía previsto una determinada suma. Así de absurdo es el planteamiento de los fiscales antilavado de dinero, aseveró el abogado.

Enrique Aranda expresó que “los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben detener ese disparate (de la PGR), porque se está prestando a abusos del llamado ius puniendi del Estado contra los particulares”.

En el caso de la maestra, como parte del desahogo de pruebas testimoniales que se efectúan en el juzgado sexto de distrito de procesos penales federales del Reclusorio Oriente (a cargo del juez Alejandro Caballero Vértiz), el mes pasado compareció por escrito María Sanjuana Cerda Franco, quien era la principal asesora en materia financiera de la ex lideresa magisterial.

La testigo aseguró que no existe ninguna disposición estatutaria (del SNTE) que impida (que algún dirigente sindical o sus subordinados realicen depósitos a diversas cuentas bancarias o tarjetas de crédito con dinero del sindicato). Por tanto, está permitido como práctica para hacer pagos. Ello según el expediente de la causa penal 11/2013, al que tuvo acceso este diario.

Cerda sostuvo que el SNTE autorizó debidamente todos los gastos médicos, cirugías estéticas, hospitalarios, pago de tarjetas de tiendas departamentales, como Neiman Marcus, y tarjetas de crédito de American Express en favor de Gordillo.

Según la acusación de la PGR, esas transferencias de miles de millones de pesos configuran o encuadran en el tipo penal de lavado de dinero.