Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil expresaron temor de que el Ejecutivo federal prepare una ley general contra la desaparición forzada a modo, que exima al Estado de responsabilidad y no contribuya a la investigación y menos a la erradicación de este crimen.

Además destacaron que la consulta electrónica y los foros anunciados por la Secretaría de Gobernación parecen más una simulación para avalar una ley previamente redactada, sin discusión ni debate con la sociedad civil y las organizaciones interesadas en el tema.

Incluso alertaron de la posibilidad de que Enrique Peña Nieto presente una iniciativa de ley con carácter preferente el próximo primero de septiembre, con lo cual obligaría al Poder Legislativo a debatir y aprobarla en un máximo de 30 días naturales, lo cual que rechazan en forma categórica.

Las organizaciones y colectivos agrupados en la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México anunciaron que elaboraron una iniciativa de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada de personas, así como la desaparición de personas cometida por particulares, la cual surgió de un proceso de revisión y análisis de diversas propuestas presentadas desde la sociedad civil y expertos, así como de recomendaciones de organismos internacionales.

La iniciativa civil, que será presentada oficialmente el próximo 3 de septiembre al Senado, está en la última etapa de revisión por diferentes expertos, organizaciones de derechos humanos y familiares, y no está cerrada a aportes, agregaron. El documento también cuenta con estructura y contenidos claros, informaron los representantes de las organizaciones que integran la campaña nacional contra la desaparición forzada.

En conferencia de prensa, representantes de una docena de organizaciones y colectivos señalaron que, luego de mucho exigir una legislación sobre esta materia y por los hechos en el país, finalmente se avizoran diversas propuestas.

No obstante, la mayoría de éstas, dijeron, no recogen el sentir de las familias y menos las recomendaciones que han hecho los organismos internacionales para tipificar y sancionar adecuadamente este delito. Es más, aseveraron, falsamente pretenden modificar el término de desaparición forzada por el de personas no localizadas, con lo cual se pierde la tipificación de este delito grave.

Señalaron que su iniciativa responde a la necesidad de hacer valer su derecho como familiares y organizaciones de derechos humanos y populares, pero también es una respuesta a la falta de voluntad política del Estado de reconocer la existencia de este crimen y su incremento alarmante.

Destacaron que la iniciativa ordena, de acuerdo con estándares internacionales, la tipificación de los delitos de desaparición forzada y desaparición de personas cometidas por particulares, así como las sanciones y penas conforme a la gravedad.

Entre las organizaciones que integran dicha campaña y elaboraron la iniciativa están: el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, el Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental, la Brigada Multidisciplinaria y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.