ras la presentación de las fabricaciones exculpatorias de la Secretaría de la Función Pública por las fastuosas e inexplicables propiedades de Enrique Peña, su esposa y su secretario de Hacienda, el sospechoso principal se apresuró a formular una sincera disculpa a la sociedad. Y muchos se preguntaron de qué podía disculparse si un par de horas antes su empleado acababa de exonerarlo de toda pesquisa judicial y si, como intentó establecerlo Virgilio Andrade, las casas de Las Lomas, Ixtapan de la Sal y Malinalco habían sido adquiridas no mediante recursos de procedencia ilícita sino con el sudor de la frente de los respectivos propietarios.

¿Se trataba acaso de una disculpa por haber pretendido tomarle el pelo al país durante nueve meses con una simulación tan inverosímil como la que interpretó Virgilio Andrade? ¿Era una expresión genuina de malestar del declarante consigo mismo por conducirse de manera tan frívola y dispendiosa en un contexto en el que millones de mexicanos han sido arrojados a la miseria por obra de la política económica de Peña y Videgaray?

No. El propio Peña explicó que la disculpa era por haber suscitado sospechas. La frase exacta fue: la conducta del presidente de la República y de todos los que sirven al país, además de estar apegada a derecho, debe ser tal que nuestras acciones no generen desconfianza entre la población.

La explicación está impregnada (no es extraño) del cinismo salinista según el cual, recuérdese, el pobre hermano incómodo había caído en desgracia por hacer cosas buenas que parecen malas. Ya está. Perdón por haber parecido ratero, sin serlo. Perdón por haberlos obligado a molestarse por un asunto tan nimio, insustancial e inocente como una casita de 7 millones de dólares. No fue una falta de ética sino de etiqueta. Lo lamento y a otra cosa. Sigamos construyendo, bajo mi conducción ahora intachable, el gran país que todos queremos.

Parece ser que Peña andaba buscando la ocasión para pronunciar la palabra que México le está exigiendo desde hace mucho: perdón. Y que al fin halló la más barata manera de aparentar modestia.

Una objeción a su disculpa es que es ajena a los requisitos mínimos de una sincera solicitud de perdón: el arrepentimiento –es decir, el reconocimiento de que la acción motivadora fue incorrecta–, la voluntad de enmienda –el abstenerse de incurrir en conductas similares en lo sucesivo– y la reparación del daño, el cual, en el caso, es incuantificable, gracias a las artes de opacidad de Virgilio Andrade.

Otra, más grave, es la improcedencia y (a eso ya estamos acostumbrados) la descoordinación entre el discurso y la realidad: nadie en México está esperando que Peña se disculpe por haberse procurado –para él y los suyos– unas casotas carísimas y de gusto muy televiso sino que lo haya hecho utilizando ventajas inherentes a los cargos públicos que ha desempeñado y que, hasta ahora, siga ocultando el origen del dinero empleado para las transacciones respectivas.

La sincera disculpa carece, además de buena fe, en la medida en que apunta a disraer la atención de faltas mucho más graves que la asumida. El caso es como el del malhechor que embiste a alguien en su huída atolondrada y pretende redimir su fechoría pidiendo perdón al embestido.

Porque la sociedad aún sufre el agravio –y parece que seguirá sufriéndolo por muchos años– de la inyección de cuantiosos e ilícitos recursos monetarios en el proceso electoral de 2012, gasto merced al cual Peña se incrustó en Los Pinos. Y el gobierno resultante no sólo ha cometido la ofensa de privar al país de la propiedad de sus recursos naturales sino que hará necesario un colosal esfuerzo social para recuperarlos. Además el peñato es responsable de la realización de un sangriento ejercicio de simulación y descomposición en Michoacán; de omisión y encubrimiento, cuando menos, en los crímenes perpetrados en Tlatlaya, la carretera Puebla-Atlixco, Iguala, Apatzingán, Tanhuato y la colonia Narvarte, por mencionar sólo algunos de una lista larguísima; de dispendio obsceno, manifiesto y documentado, en todos y cada uno de los actos públicos de un gobierno que promete cosas concretas y entrega aire; de una nueva compra masiva de sufragios en los comicios de junio pasado; de un desmanejo económico desastroso, cuyos efectos apenas empiezan a percibirse, y de un montón de chanchullos, atrocidades, abusos y torpezas cuya enumeración habrá de ocupar varios tomos. Cabe esperar que la naturaleza de esos legajos sea judicial antes que histórica.

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