os historiadores intentamos comprender, no juzgar a los hombres del pasado. Sabemos que si aplicáramos nuestros criterios, valores y principios, ninguno de nuestros ancestros saldría bien librado. Por poner un ejemplo, los hombres de la Revolución –los de todos los bandos e incluso los neutrales– serían machistas y homofóbicos en niveles inaceptables y pederastas que deberían estar encarcelados. Llevar al pasado nuestros criterios nos impide entender, como le ocurre a un connotado falsificador cuando aplica a Morelos sus propios criterios (y no los vigentes en 1813) y lo define (definiéndose) canalla intolerante y dogmático
(http://www.jornada.unam.mx/2012/04/ 08/opinion/015a2pol).
Si les aplicamos nuestro criterio (artículo 123 del Código Penal), Santa Anna, Juárez, Díaz u Obregón fueron traidores. Olvidamos que hasta en la creación de mecanismos arbitrales como la Sociedad de Naciones, era normal y lógico que una derrota militar (y a veces la sola amenaza de la fuerza) se tradujera en despojos territoriales. Olvidamos que en México la noción de patria y su vínculo indisoluble con la integridad del territorio apenas empezó a hacerse general después de 1854, y no se consolida sino durante la resistencia nacional (1862-1867). Son legados de una generación que los adquirió en la lucha y no de manera rectilínea. También nos legó Juárez nuestra concepción de traición a la patria, que se basa en la ley del 25 de enero de 1862 (que hacía más clara y completa la ley del 6 de diciembre de 1856).
En 1917 nuestro concepto de soberanía se amplió considerablemente, al incorporar la noción de que la nación es propietaria original de la tierras y tiene el dominio directo de todos los minerales o sustancias
del subsuelo, de manera inalienable e imprescriptible
(artículo 27 constitucional). Durante décadas así se consideró. Así, Lázaro Cárdenas dijo, palabra por palabra, gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras, traiciona a la patria
. Lo reafirmó Adolfo López Mateos: “Sólo un traidor entrega su país a los extranjeros […] En México la Constitución es muy clara: los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria”. La historia que liga nuestros recursos naturales (el petróleo en primer lugar) con la soberanía, ha sido expuesta con claridad por Lorenzo Meyer (Autodeterminación y petróleo
, en Nuestra tragedia persistente, pp. 409-453.)
En esta definición y esta tradición (que sigue vigente) se sustenta la demanda penal interpuesta por miles de ciudadanos contra Enrique Peña Nieto el 5 de febrero de 2014, por imponer la llamada reforma energética. Lo primero que hay que decir de esa reforma es que se hizo de espaldas al pueblo y mintiendo con descaro. En efecto, en ninguno de los 266 compromisos que firmó ante notario en su campaña electoral, Peña propuso que Pemex, CFE o cualquier paraestatal, perdiese su carácter al permitir la intervención de capital privado nacional y extranjero. Menos aún habló de privatización ni entrega de nuestros recursos a empresas extranjeras. Siendo presidente, ya con la reforma en marcha (que aprobaron diputados y senadores que tampoco hablaron de ella en campaña), rechazó consultar a los mexicanos, que según diversas encuestas, rechazaban muy mayoritariamente la reforma. A su vez, la mentira fue ampliamente documentada por varios historiadores en su momento (http://elpresentedelpasado.com/2013/08/ 19/palabra-por-palabra/).
La reforma proponía eliminar la definición de los energéticos como área estratégica y establecer contratos de utilidad compartida con empresas nacionales o extranjeras, para la extracción de petróleo y generación de energía eléctrica
(según nota emitida por la Cámara de Diputados el 14 de agosto de 2013). La reforma pretende despojar al Estado del dominio exclusivo sobre los recursos petroleros y su transformación industrial, entregándolos a la iniciativa privada nacional y extranjera. Recursos que son, según la Constitución, de dominio directo, inalienable e imprescriptible, de la nación. La reforma también pretende abandonar áreas y funciones estratégicas de la economía nacional que son exclusivas del Estado, además de otorgar a intereses extranjeros la facultad de intervenir en decisiones que sólo debe corresponder a los mexicanos.
Al impulsar y promulgar esta reforma, de acuerdo con la definición mexicana de soberanía todavía vigente, Peña está realizando actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero (cita del artículo que tipifica la traición a la patria). Repitamos a López Mateos: Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria
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