San Juan.

Puerto Rico anunció este lunes que recurrió a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en un intento por lograr que sus corporaciones públicas puedan declararse en bancarrota, en medio de una grave crisis financiera que ya llevó a la isla a su primer default.

Puerto Rico, desde 1952 Estado libre asociado a Estados Unidos, que lo mantiene bajo dominio colonial tras invadirlo en 1898, quiere que la máxima corte ratifique una ley que permite a las corporaciones declararse en bancarrota y reorganizar sus finanzas, pero que fue invalidada por tribunales inferiores, explicó en un comunicado el secretario de Justicia, César Miranda.

El gobierno de Puerto Rico busca que sus corporaciones públicas tengan la posibilidad de renegociar con sus acreedores para evitar el colapso económico del país, que arrastra una deuda pública de 72 mil millones de dólares, que el propio gobernador Alejandro García Padilla ha reconocido como impagable.

Puerto Rico incurrió a principios de agosto en el primer impago de su historia, cuando una corporación pública no hizo un desembolso previsto alegando falta de liquidez.

Acudimos ante el más alto foro judicial en la esfera federal, para que se le reconozca a Puerto Rico la facultad de legislar en materia de restructuración fiscal de las corporaciones públicas, señaló Miranda.

El secretario de Justicia alega que la isla del Caribe, de 3.5 millones de habitantes, tiene derecho a recurrir a la legislación local de bancarrota al estar excluida de la ley estadunidense de quiebras, a la que sí han podido acogerse ciudades como Detroit.

Los acreedores del ente estatal de energía eléctrica, con una deuda superior a 9 mil millones de dólares, habían impugnado la normativa local de bancarrota en medio de negociaciones que superan los diez meses.

El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, confirmó que el gobierno puertorriqueño divulgará al final de esta semana un plan de ajuste fiscal que le permita sortear la crisis económica.

Puerto Rico se ha hundido en la crisis tras una larga recesión, luego de que en 2006 finalizó un sistema de exoneración fiscal para empresas estaduidenses que provocó una caída de la actividad económica y sucesivas emisiones de deuda de los gobiernos para cubrir el creciente déficit.