Los cargos, feminicidio, asesinato y robo, determinó la juez
Viernes 14 de agosto de 2015, p. 14
La juez 25 penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Hermelinda Silva Meléndez, dictó auto de formal prisión a Daniel Pacheco Gutiérrez, por su presunta responsabilidad en cuatro feminicidios, asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa y el robo de los objetos que al parecer se llevó del departamento de Luz Saviñón, en la colonia Narvarte.
Al cumplirse el plazo constitucional solicitado por el defensor de oficio el pasado 7 de julio, la juzgadora encontró en el pliego de consignación pruebas suficientes aportadas por el Ministerio Público para someterlo a proceso ordinario.
Fuentes judiciales informaron que Pacheco Gutiérrez sostiene que el 31 de julio, cuando fueron violentadas, torturadas y ultimadas las cinco personas, sólo vigiló el departamento. Incluso, señaló que declaró ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que fue uno de sus cómplices quien le dio la maleta que cargaba al salir del inmueble.
No obstante, el procurador Rodolfo Ríos Garza señaló que fue encontrada su huella en el interior del departamento y que se le pudo ubicar, en tiempo y circunstancia, en el lugar de los hechos
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Desde ayer, al único detenido como presunto responsable del asesinato múltiple se le abrió proceso por los delitos de feminicidio agravado, homicidio calificado y robo agravado en pandilla, ilícitos que por ser graves no alcanzan fianza.
Sobre la investigación que realiza la Fiscalía de Homicidios para conocer el móvil, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, reiteró que no está descartada ninguna línea de investigación en el caso.
Aclaró que Ríos Garza tiene que hablar directamente con los familiares de las personas asesinadas para explicar todos y cada uno de los puntos de la investigación.
Sin embargo, defensores de derechos humanos que coadyuvan en la defensa de las víctimas y dan apoyo a familiares, analizan las filtraciones que ha hecho la PGJDF, para documentar las violaciones en las que se han incurrido en el caso y que no garantizan acceso a la justicia ni los derechos humanos.