En materia de feminicidios, el Estado mexicano ha asumido una política de simulación, en la que, por una parte, se aprueba un conjunto de legislaciones presumiblemente para promover y proteger los derechos humanos de las mujeres, pero por el otro dicha normativa no se aplica, se ignora o se desconoce. Incluso, se envía un mensaje de impunidad con su actuación omisa, o al rechazar o retrasar las alertas de violencia de género.

En el foro Comunicar la violencia de género: debates éticos para el análisis, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialistas y representantes de organizaciones sociales expresaron su preocupación por la inacción del Estado mexicano, pese a que este fenómeno del feminicidio se documenta en el país cuando menos desde hace dos décadas, mientras crece de manera vertiginosa la violencia de género.

Cynthia Galicia, jurista y maestra en Estudios de Género por El Colegio de México, señaló que para los gobiernos federal y estatales la mayoría de estas legislaciones que promueven y protegen derechos humanos de las mujeres son puros actos retóricos, y son aprobados sólo para mejorar su imagen, sin un interés real en la difícil y problemática realidad de las mujeres. No hay, dijo, preocupación del Estado de acatar y hacer respetar la ley.

Gloria Ramírez, fundadora y coordinadora de la cátedra de la Unesco de derechos humanos en la UNAM, señaló que la tipificación del feminicidio fue un largo proceso de lucha que se logró hasta 2012. Dijo que Chiapas, Chihuahua, DF, Guerrero, Jalisco, estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, encabezan el número de delitos contra las mujeres.

Aimée Vega Montiel, investigadora del tema, y Lucía Lagunes, de Comunicación en Información de la Mujer (Cimac), criticaron el manejo de la información en el multihomicidio de la colonia Navarte, donde las autoridades policiacas filtraron datos de las investigaciones.