En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las comunidades originarias no tenemos nada que celebrar, ya que en estos días la situación se agrava en el país y el Estado celebra usando a nuestras comunidades como mercadotecnia mediática, a fin de justificar las violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos y el terrorismo de Estado para imponer diversos megaproyectos y despojarnos del territorio.

América Morales, José Luis Fernández, Lucas Hernández y Antonio Miguel Reyes, habitantes de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, en el estado de México, manifestaron que para construir la autopista Toluca-Naucalpan, el Presidente de la República publicó un decreto expropiatorio de 38 hectáreas de tierras comunales del bosque sagrado otomí-mexica Santuario del Agua.

Destacaron que aunque el decreto fue publicado este año, los trabajos comenzaron desde 2007. Sin permiso, sin consulta y sin informar a nadie, el gobierno mexiquense y una empresa filial de Higa empezaron las obras, pero no fue sino hasta el 7 de julio pasado que se registró un episodio de violencia porque la empresa de Armando Hinojosa Cantú introdujo maquinaria, demolió cinco casas y destruyó cosechas y cultivos, y desde hace más de ocho años han venido realizando hostigamiento, agresiones y una campaña de difamación para desvirtuar la resistencia a ese proyecto carretero; incluso han recurrido a la criminalización.

Manifestaron que recurrieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la que pidieron emitir medidas cautelares, las cuales vencen este martes, por lo que temen nuevos ataques.

Destacaron que hoy martes estarán en la CNDH para solicitar la ampliación de dichas medidas. También recurrirán, dijeron, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).