La Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revisan la evolución patrimonial de José Francisco Layseca Basurto, director de obra pública, recursos materiales y servicios generales del Órgano de Prevención y Readaptación Social –dependiente de la Secretaría de Gobernación–, quien está en la mira de las investigaciones abiertas por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, confirmaron fuentes ministeriales.

Como parte de la indagatoria que lleva a cabo la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (Seido), fue girado un citatorio de comparecencia contra Layseca, ya que, según los funcionarios consultados, la oficina mencionada era responsable de resguardar los planos del penal del Altiplano, de donde se fugó el mes pasado el narcotraficante.

Uno de los indicios con que cuenta la PGR deriva de diversas documentales públicas en las que se demuestra que a finales de 2014 Layseca autorizó que ingenieros civiles externos revisaran los planos del penal para proyectar obras de mantenimiento.

Hasta la fecha no existe registro en la lista de acuerdos del Poder Judicial Federal (PJF) sobre la intención de Layseca de buscar algún amparo.

Más investigaciones

Otro funcionario que ha sido fiscalizado por las autoridades federales es el ex director del Centro Federal de Readaptación Social número 1 (Altiplano), Valentín Cárdenas Lerma, con la finalidad de esclarecer si su evolución patrimonial coincide con el nivel de ingresos declarados por él ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Respecto de la revisión de la evolución patrimonial de Layseca Basurto, los funcionarios entrevistados indicaron que en los cinco años recientes pasó de supervisar las ventas de calentadores solares a despachar en la dirección de obra pública de los penales federales.

En 2014 Layseca tuvo un ingreso anual neto de 2.5 millones de pesos, según consta en el registro de sus declaraciones patrimoniales.

Hasta el momento la PGR sólo ha logrado llevar a proceso penal a tres funcionarios federales acusados de facilitar la evasión de Guzmán Loera. Se trata de Vicente Flores Hernández, jefe del departamento de supervisión del centro de control de la división de inteligencia de la Policía Federal; Juan Ignacio Cuarenta Orozco, supervisor de seguridad penitenciaria, y Esteban Estrada Ramírez, oficial en prevención penitenciaria.

Los dos últimos se desempeñaban como custodios del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y cumplían funciones en el penal del Altiplano.

La semana pasada, la PGR interpuso un recurso de apelación para impugnar la libertad de Emanuel Galicia Conchillos y Luis Alberto Aguilar Morales, monitoristas del Centro de Control, así como de José Daniel Aurioles Tavares y Juan Carlos Sánchez García, jefe y operador del departamento de monitoreo, respectivamente, ya que considera que tuvieron participación en la fuga de El Chapo, al proporcionar información logística para facilitarla, aunque un juez federal opinó lo contrario y les concedió libertad con las reservas de ley.