l secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó ayer que la reforma energética promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto es un producto totalmente mexicano y calificó de absolutamente falso que cualquier entidad del gobierno estadunidense haya sido consultada para su redacción. Según el secretario, la reforma energética impulsada por el actual gobierno y promulgada el 20 de diciembre de 2013 fue elaborada por un equipo de funcionarios públicos de diversas dependencias gubernamentales, aunque las minutas de las reuniones en que presuntamente se decidió el futuro de la política energética nacional se encuentran reservadas y no pueden, por tanto, hacerse públicas.

Debe recordarse que el sitio especializado Desmog dio a conocer el contenido de varios correos electrónicos de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton (2009-2013), en los que se muestra la presión ejercida por Estados Unidos para que el sector energético mexicano fuera entregado a las grandes compañías transnacionales, como efectivamente sucedió con la aprobación de la reforma energética, durante el primer bienio de la actual administración. Además, dos funcionarios bajo el mando de Clinton, que contribuyeron a delinear la estrategia de privatización de la industria energética mexicana, ahora tienen puestos en el sector privado que les permiten beneficiarse económicamente de las reformas que impulsaron.

La difusión de estas comunicaciones de la entonces encargada de la política exterior estadunidense exhibe la subordinación del gobierno de Felipe Calderón a las directrices y los intereses de la superpotencia vecina en lo que respecta a la iniciativa de reforma presentada en abril de 2008, que derivó en las adecuaciones legales aprobadas por el Legislativo en noviembre de ese mismo año, y que es el antecedente directo de la enmienda constitucional impulsada por la actual administración priísta. Cabe recordar que aquel año el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se negó a acompañar la plena entrega de los hidrocarburos promovida por Calderón y únicamente le dio su respaldo legislativo para una reforma acotada, acaso porque no deseaba cargar con el costo político de una medida impopular que estorbara su pretensión de regresar a Los Pinos.

Sin embargo, el contenido de la reforma presentada y promulgada por Peña Nieto retoma el mismo espíritu de complicidad con intereses foráneos que la iniciativa de su antecesor panista. Tales intereses, por lo demás, distan mucho de responder a las necesidades del desarrollo nacional, como ha quedado demostrado a posteriori con la falta de resultados positivos para el país a raíz de las modificaciones constitucionales que cedieron la industria energética nacional al capital privado. Así, las recientes revelaciones del Departamento de Estado abonan al descrédito de la reforma energética, cuya pertinencia ya era cuestionada a la vista del prolongado estancamiento económico, la ausencia de las inversiones prometidas y el decepcionante flujo de inversión extranjera atraída por la privatización petrolera, como quedó de manifiesto con el fracaso de la primera ronda de licitaciones para exploración y exploración de hidrocarburos.

Ante las nuevas evidencias de que atentan contra los intereses nacionales, se vuelve imperativo revisar las alteraciones al texto constitucional llevadas a cabo por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Asimismo, es necesario que se realice el deslinde de responsabilidades correspondiente para los posibles casos de funcionarios mexicanos de cualquier nivel que hayan actuado en connivencia con las autoridades estadunidenses para aprobar una legislación que lesiona el patrimonio de los mexicanos.