no de los compromisos más importantes del Estado mexicano debe ser conservar la biodiversidad. Entre otras cosas porque somos uno de los 10 países megadiversos del planeta. Esto, pese a los severos daños ocasionados a la flora y la fauna debido a la deforestación, la contaminación de ríos y arroyos, los mantos freáticos y las aguas marinas. Una de las formas de evitar mayores alteraciones a lo que aun queda es a través de las áreas naturales protegidas (ANP). Se trata de porciones acuáticas o terrestres todavía en muy buen estado de conservación y que son la mejor muestra de los ricos ecosistemas del país.

La diversidad biológica que en ellos se encuentra dista mucho de haber sido estudiada por los especialistas. En muchos casos está en peligro de perderse para siempre, como ya sucedió con parte de ella por la expansión agrícola y ganadera, la pobreza rural, la carencia de políticas efectivas para ordenar racionalmente la ocupación del territorio; para conservar, enriquecer y, en su caso, utilizar debidamente un patrimonio único, insustituible. Cabe destacar los servicios ambientales que prestan al país y al mundo, máxime cuando el cambio climático y sus consecuencias exigen conservar, incrementar y administrar bien los recursos naturales.

Cada vez México cuenta con mayor extensión de ANP. Ahora cubren 13 por ciento de la superficie nacional. Por su importancia se clasifican en seis categorías: 41 reservas de la biósfera, 66 parques nacionales, cinco monumentos naturales, ocho áreas de protección de recursos naturales, 39 áreas de flora y fauna y siete santuarios. En su conjunto, abarcan más de 25 millones de hectáreas y comprenden lo mismo áreas territoriales que marinas y de agua dulce. A ellas se suman casi 500 mil hectáreas voluntariamente destinadas a la conservación. Cabe destacar que las ANP están sujetas a programas de ordenamiento ecológico y manejo, así como a sistemas especiales que garanticen su protección, conservación, desarrollo y, en su caso, restauración. Asuntos todos en los cuales deben participar diversas instancias oficiales y el Poder Legislativo.

Precisamente el pasado 29 de julio en la Cámara de Diputados hubo una ceremonia organizada por la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales de ese órgano legislativo para reconocer los 15 años que lleva la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas conservando el capital natural de México. La presidieron, por un lado, el actual responsable de la comisión, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, personaje perteneciente al grupo que lleva décadas manejando la política y la economía del estado de México. En su currículo no aparece puesto alguno relacionado con los asuntos que hoy son de su competencia. Y por el otro, quien maneja dicha comisión legislativa, la chiapaneca Lourdes Adriana López, diputada por ese negocio familiar y político, conocido como Partido Verde Ecologista.

Reconocimiento organizado a las volandas, a un mes de que termine la actual legislatura y que destacó por la ausencia de quienes juegan un papel clave en cuidar el patrimonio natural de la nación: los indígenas y habitantes del campo, los trabajadores de las ANP y los científicos que clasifican e investigan el valor de la flora y la fauna existente en los ecosistemas de México. Todos ellos se han quejado de la escasez de recursos para realizar sus labores y del tortuguismo a la hora de enfrentar y resolver los problemas que se presentan en las ANP. Y muy recientemente, el peligro de que las compañías mineras trasnacionales y sus socios locales hagan de las suyas en tan importantes ecosistemas. Se calcula que más de mil 600 concesiones mineras están dentro de ANP y su intención es extraer lo mismo oro y plata, que cobre, plomo, zinc, fierro, mercurio, manganeso, carbón, fluorita o yeso, entre otros productos. Apunto dos en Baja California Sur, severamente cuestionados: Los Cardones, para extraer oro, y el del Golfo de Ulloa para sacar fosfato del fondo marino. Celebremos, sí, la existencia de más y más áreas naturales protegidas. Pero urge un saludable ejercicio de autocrítica por parte de funcionarios y legisladores. No los elogios mutuos.