s el contexto lo que da un devastador significado al homicidio del periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril. En los cuatro años recientes 13 periodistas han sido ultimados, algunos exiliados y otros desaparecidos, en un ambiente de incertidumbre cotidiana y de dura vivencia del periodismo veracruzano, que ve caer a otro de sus miembros.

Lo peor es la ligera y por demás sospechosa actuación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que trata de configurar el multihomicidio –también fueron asesinadas Nadia Vera, activista de la Universidad Veracruzana, y otras tres mujeres– como un hecho más de la delincuencia común, tarea a la que se ha abocado sin empacho, con la tesis del robo y de que la presencia del fotorreportero en el departamento de la colonia Narvarte habría sido casual.

Aunque no se puede comprobar tajantemente la participación del gobierno del estado, la sospecha recae de manera automática en quien o quienes decidieron intimidar a Rubén y perseguirlo por las calles xalapeñas hasta que finalmente decidió huir a la seguridad del Distrito Federal. Antes había sido agredido verbal y físicamente por los cuerpos policiales cuando cubría con total entrega y compromiso movilizaciones de maestros, estudiantes, ambientalistas y campesinos, dándole cuerpo y figura a esos ausentes de los medios, a quienes poco se ve como actores importantes del acontecimiento público.

Innumerables explicaciones salen de las instancias judiciales defeñas para tratar de explicar que la muerte de Rubén obedeció a una infortunada coincidencia o, como se ve ahora, con la aparición de una testigo y filtraciones de la policía ministerial a ciertos medios para indicar que pudo tratarse de una confusión o un robo, pero nada relacionado con su actividad profesional o su pasado reciente. Lo único que falta es que sean capaces de ligarlo a actividades ilícitas o involucrarlo con alguna célula delincuencial, como ya se ha hecho con el asesinato de algunos reporteros de la entidad.

Esa es la aberrante intención que se pretende vender a la opinión pública desde la capital para tratar de eludir el hecho consumado de que el Distrito Federal es tan inseguro como cualquier otro lugar del país, y que tras los asesinatos, con tortura y tiro de gracia, no son otra cosa que una ejecución que pudo venir desde cualquier parte.