La investigación del asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa Becerril sólo podrá quedar en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) mediante el ejercicio jurídico de la facultad de atracción, si concurren varios elementos previstos tanto en el artículo 73 fracción XXI de la Constitución como en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la PGR, pueda encargarse de la investigación, los familiares de Espinosa Becerril deben solicitar por escrito ante esa instancia que ejerza su facultad de atracción.

O también existe la posibilidad de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informe al Ministerio Público de la Federación que existe una conexión de delitos del fuero común con tipos penales federales.

A decir de funcionarios de la PGR consultados, no basta con que familiares soliciten a esa dependencia la atracción de la investigación de la muerte del fotorreportero, sino que también se requiere que los ofendidos aporten datos de prueba o indicios (testimoniales, periciales o documentales) que confirmen un nexo causal entre el homicidio de Espinosa Becerril y las supuestas amenazas que recibió de funcionarios del gobierno de Veracruz, y que éstas hayan derivado de su labor de periodista.

Lo que marca la ley

El artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales estipula las reglas para conocer de delitos del fuero común que tengan conexión con delitos federales federales o competencia concurrente para casos de agresiones a periodistas:

En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos, dice el artículo mencionado.

Añade que “esta facultad se ejercerá en los casos de delitos en los que se presuma su intención dolosa y cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: I. Cuando existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito hubiere participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal. II. Cuando en la denuncia o querella la víctima o el ofendido hubiere señalado como presunto responsable a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal. III. Cuando se trate de delitos graves así calificados por la ley. IV. Cuando la vida o la integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real.

“V. Cuando lo solicite la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate. VI. Cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio al derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta. VII. Cuando en la entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho constitutivo de delito o se hubieren manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

VIII. Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas. IX. Cuando por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte, se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

Hasta el momento la PGR únicamente ha abierto un acta circunstanciada, y dijo estar colaborando directamente con la PGJDF.