La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea (Udefa) comenzó acciones de intimidación contra profesores civiles que imparten clases en el sistema educativo militar para obligarlos a firmar su liquidación so pena de sufrir cambios en sus condiciones laborales, que a la larga los obligarían a renunciar aceptando indemnizaciones que no correspondan con los años laborados.

Dichos maestros, que imparten cursos desde hace más de 20 años en planteles castrenses, denunciaron lo anterior y agregaron que les han hecho ofrecimientos que son una burla para que acepten alrededor de 200 mil pesos de indemnización para dejar de laborar.

De acuerdo con un correo electrónico que envió el general Raúl Juárez Bermejo, un grupo de docentes civiles será recibido hoy a las 12 horas en la dirección de la escuela militar de recursos humanos a una plática con el director de ese plantel para abordar diversos asuntos relativos a la transición al nuevo sistema educativo para el próximo ciclo escolar y el proceso de liquidación de profesores civiles ordenado.

Maestros consultados afirmaron que hace más de un año la Secretaría de la Defensa Nacional ordenó un estudio para restructurar la enseñanza en los planteles catrenses.

Los entrevistados sostuvieron que la intención de despedir a los docentes civiles parte de un estudio sobre la enseñanza en dichos planteles encargado por la Udefa a BHR Consultores SC (contrato SAEY-660/I/P/2013), en 2013 y 2014, que tuvo un costo de 22 millones 433 mil pesos.

Dicho convenio, de acuerdo con información oficial consultada, incluyó un diagnóstico del sistema educativo militar en los principales planteles de la secretaría, que consistió en revisar las fortalezas, debilidades y áreas de mejora mediante un estudio de campo de los respectivos planteles empleando como metodología el desarrolo de encuestas y entrevistas al pesonal directivo, docente, aplicación de pruebas que emplea el Centro Nacional de Evaluación para medir estándares educativos a escala nacional, así como en academias militares de Chile, Estados Unidos y Francia.

Los quejosos agregaron que autoridades castrenses han advertido que si no firman su liquidación se implementarán cambios en sus condiciones laborales, sin importar que sean vulnerados sus derechos.