El Senado no está en posibilidades de aceptar el tipo penal que propone la Cámara de Diputados para sancionar el delito de trata de personas, ya que ellos penalizaron la explotación, y castigar esa acción no es facultad del Congreso, destacó la presidenta de la Comisión de Trata de Personas del Senado, la panista Adriana Dávila.

Al participar en el foro Análisis de los delitos contenidos en la ley vigente contra la trata de personas, así como la protección y atención a víctimas, Dávila insistió en que el Senado busca penalizar la tentativa de la trata de personas, es decir, el enganche, el traslado, la captación, recepción y entrega, mediante el engaño, la fuerza, la seducción o el abuso de vulnerabilidad, con el fin de explotar a otros.

De igual forma, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, subrayó que no es por capricho que se pretende modificar la Ley Contra la Trata de Personas, sino para que el tipo penal quede incluido y se pueda aplicar como una legislación única en todo el país.

“Incluso –señaló De la Peña–se debe especificar que el sujeto activo del delito debe responder por cada una de las víctimas, lo cual no se aplica en la ley actual. Además, abundó, faltan incorporar delitos como: servicio forzado, embarazo forzado o extracción de órganos, entre otros.”

El coordinador de los senadores del blanquiazul, Fernando Herrera, sostuvo que en México la trata de personas es el segundo delito en importancia económica, después del tráfico de drogas.

Nelly Montealegre, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR, cuestionó cuáles son las opciones que se ofrecen a las víctimas del delito referido, una vez que fueron rescatadas, y señaló que aún falta generar más programas de atención.

La directora del programa Contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Yuriria Álvarez, señaló que aún hay divergencias en la definición del delito entre los mismos servidores públicos.

Precisó que la única manera de combatir este delito es mediante la prevención y el autocuidado, pero no por medio de campañas, sino desde el origen y las necesidades de las comunidades.