atalogar a todas las mujeres migrantes que trabajan en bares y cantinas como víctimas de trata o explotación sexual legitima deportaciones masivas en toda la República y permite que el gobierno mexicano presuma del rescate de cientos de víctimas de trata con fines sexuales, en contextos de comercio sexual, advierte el Observatorio Laboral del Trabajo Sexual en México. Sin desconocer que existe la trata y el tráfico de personas con fines sexuales, el observatorio pone en evidencia que hay campañas de linchamiento en los medios de comunicación, acompañadas de represión policiaca, contra migrantes trabajadoras sexuales en Coatzacoalcos, Veracruz; Villahermosa, Tabasco, y Oaxaca capital, por mencionar algunos estados documentados.

En el contexto del encuentro nacional anual número 18 de la Red Mexicana de Trabajo Sexual –en el que también se celebró el vigésimo aniversario de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, organización que, como su nombre indica, recorre las calles en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales en zonas como La Merced– se informó que las campañas publicitarias buscan ganarse el apoyo del público al explotar temas sobre mujeres migrantes vistas como víctimas de trata con fines sexuales y sobre explotación sexual infantil y adolescente, con lo cual, advierten, de manera natural anticipan el reproche de la mayoría de las personas. La doble moral, la hipocresía, la estigmatización y la discriminación son la base de estas campañas. Y los que ganan son los diferentes niveles de gobierno coludidos con empresarios y mafias.

Sobre la también hipócrita prohibición del baile erótico y otras actividades que atenten contra la dignidad de las personas y fomenten el vicio, la brigada advierte que con estos lineamientos constitucionales en Chiapas, Guanajuato y Coahuila se criminaliza al personal que labora en bares, cantinas, sex shops y otros negocios, en los que las autoridades presumen la existencia de transacciones sexuales remuneradas.

Lo que está detrás de todo esto, acusan, es la participación de servidores públicos tanto en la trata de personas como en la explotación sexual. Tan sólo los datos oficiales arrojan que en Quintana Roo, por ejemplo, se dio de baja al delegado estatal de Migración por acusaciones ante la PGR; el director de Ecología de San Pablo del Monte, Tlaxcala, también fue acusado de trata, al igual que tres policías municipales de Tapachula, Chiapas, detenidos por secuestro y extorsión de 11 migrantes hondureños.

La explotación sexual institucionalizada, advierte la Brigada Callejera en su 20 aniversario, es la respuesta gubernamental contra la trata de personas. Trabajo sexual no es sinónimo de trata, insisten.

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