l asesinato de un bebé palestino de año y medio, quien murió carbonizado en la madrugada de ayer cuando su vivienda fue incendiada por presuntos colonos israelíes en la localidad de Duma, al norte de Cisjordania, provocó gran consternación entre israelíes y palestinos y la comunidad internacional. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó el hecho de acto terrorista y prometió encontrar y castigar a los culpables.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, responsabilizó del episodio a Israel por la protección que ese gobierno brinda a los colonos israelíes en Cisjordania, y manifestó su intención de presentar el ataque ante la Corte Penal Internacional, de la que Palestina es miembro, para que sea investigado.

En la arena internacional, la Unión Europea pidió tolerancia cero con la violencia cometida por los colonos israelíes, en tanto que Estados Unidos condenó el brutal ataque terrorista, instó Israel a detener a los asesinos y llamó a ambas partes a impedir una escalada de tensiones a raíz de este incidente trágico.

Independientemente de los resultados que arrojen las pesquisas por este deplorable crimen, resulta ineludible señalar la doble moral de Occidente –por no mencionar la de Israel– ante estos hechos, puesto que ocurren en el contexto de una política a todas luces ilegal: la construcción de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados de Cisjordania, que ha sido solapada por Washington y Bruselas. Significativamente, el asesinato referido se produjo dos días después de que Netanyahu anunció la autorización de su gobierno para la construcción inmediata de 300 viviendas en Beit El, región de los territorios palestinos de Cisjordania, así como la edificación de otras 500 viviendas en Jerusalén oriental (Al Qods), áreas que según el derecho internacional se encuentran bajo supervisión de la Organización de Naciones Unidas y pertenecen a Palestina.

Por otra parte, el evidente ensañamiento con que se cometió el crimen hace obligado preguntarse si éste se debió a un mero acto de fanatismo antipalestino de colonos israelíes o si hay detrás una intencionalidad de atizar el conflicto actual entre ambas partes y de multiplicar y profundizar los factores de encono y la violencia en Medio Oriente.

Al respecto, es innegable que el recrudecimiento del encono entre israelíes y palestinos, y la previsible estela de violencia que se pudiera desatar a raíz de ese crimen, termina por favorecer el designio del gobierno de Israel de mantener la ocupación ilegal, criminal y contraria a derecho que se prolonga en territorios palestinos, incluida la Jerusalén oriental.

Más allá del necesario esclarecimiento del homicidio comentado, la gravedad de la situación descrita vuelve a poner en perspectiva, como solución lógica para evitar la configuración de escenarios similares, el retiro de Israel a sus fronteras anteriores a la Guerra de los Seis Días, en 1967, el fin del bloqueo criminal que Tel Aviv mantiene en Gaza y la devolución de Cisjordania y Al Qods a sus legítimos dueños: los palestinos, en atención al mandato innegociable de la comunidad internacional.

En cambio, en la medida en que Tel Aviv mantenga la ocupación de los territorios palestinos, se estará sembrando el riesgo de reproducción de escenarios como el descrito, en el que ciudadanos inocentes son usados como carne de cañón por facciones delirantes, o bien por intereses inconfesables.