Trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se unieron para defenderse de la hostilización de que, dijeron, son víctimas por parte de titulares y directivos del organismo encabezado por Perla Gómez Gallardo. Asimismo, rechazaron que el secretario ejecutivo, Armando Meneses Larios, sea quien reciba sus quejas, debido a que, aseguraron, trató de tergiversar las denuncias.

Tras el llamado que visitadores hicieron al Consejo de la CDHDF para que intervenga de manera urgente, por los actos de acoso e intimidación, Meneses Larios contactó a una de las integrantes del máximo órgano normativo, a quien le informó que se trataba de rumores.

Ante el señalamiento, ayer, en la reunión informativa que sostuvieron los trabajadores, afirmaron que no son rumores: Estamos aquí y esto no es un rumor. Reconocieron que el detonante se dio en la Quinta Visitaduría, tras el acoso del que fue víctima una de sus compañeras, pero los casos se han dado en otras áreas.

El grupo de trabajadores que se congregó en la explanada del organismo también señaló que solicitaron una audiencia al Consejo, porque aquí estamos con nombres y apellidos. Manifestaron que ya hubo un encuentro con la presidencia, que les aseguró que pese a la inconformidad no iba a haber represalias.

A las quejas de la Quinta Visitaduría se sumaron las del personal de la primera, tercera, Comunicación Social, Educación y otras, que acudirán a la cita prevista para este viernes en punto de la 12 horas.

Por otra parte, integrantes del Foro permanente contra la desaparición forzada y genocidio exigieron a Perla Gómez pronunciarse sobre la construcción de un marco normativo que evite, prevenga, identifique, ubique y castigue a los responsables de crímenes contra la humanidad.

En una clausura simbólica que realizaron en el edificio sede por el abandono del organismo a la defensoria del pueblo, el vocero del foro, Alfredo Rojas Díaz Duran, precisó que Gómez Gallardo debe enviar una propuesta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que elabore y apruebe una norma que castigue la desaparición forzada y el genocidio.

Manifestó que en la ciudad de México también se han vivido situaciones difíciles; mencionó la masacre del 68, el halconazo del 71, además de que la ciudad ha sido escenario de diferentes movilizaciones. Por ello, el Distrito Federal debe encabezar la iniciativa y hacer la solicitud a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se convoque a todas las comisiones del país.