Diversas organizaciones de vecinos acordaron no participar en la consulta que inició el Gobierno del Distrito Federal (GDF) con miras a rediseñar el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano local, y reiteraron su exigencia de derogar dicho apartado, que sólo ha servido de instrumento para la corrupción y el tráfico de influencias, para violar el uso de suelo.

Susana Kanahuati, de la organización Vecinos Unidos, explicó que junto con Suma Urbana, así como los comités del centro histórico de Coyoacán y las colonias Xoco y General Anaya, acordaron no asistir a la reunión convocada por Manuel Granados Covarrubias, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales capitalina, que tuvo lugar ayer. Asimismo, advirtió que continuarán exigiendo la derogación del citado artículo.

Que no nos oyeron. No nos vieron. ¿A qué estamos jugando? si desde el día primero dijimos: derogación, ya no más artículos 41 y 42, señaló Kanahuati al advertir que no se van sentar a ninguna mesa, y recordó que Granados Covarrubias, cuando fue presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, pasó y votó las modificaciones al uso de suelo de seis predios aprobados, pese al rechazo vecinal.

Aclaró que hay agrupaciones, como el Comité Lomas de Chapultepec, que determinaron acudir al encuentro, pero, agregó, ellos también llevan la consigna de desaparecer el mencionado artículo, el cual, consideró, ha convertido la ciudad en un caos.

Asimismo, dijo, no significa ningún beneficio para la sociedad, sino más bien al capital privado, situación que, apuntó, continuarán denunciando en foros, por ejemplo en el que realizarán el próximo 25 de agosto.

Kanahuati señaló que con esta consulta el gobierno capitalino lo único que pretende es usar a los vecinos para decir que sí se les tomó en cuenta; de allí que, afirmó, las organizaciones de colonos citadas decidieron no convalidar esa situación.

Por otra parte, el diputado electo de Morena a la Asamblea Legislativa Alfonso Suárez del Real, integrante del grupo de trabajo sobre desarrollo urbano, afirmó que no será suficiente modificar el artículo 41 para resolver los problemas relacionados con los cambios de uso de suelo.

Agregó que más que una consulta sobre dicha disposición –que estipula el mecanismo para que los particulares soliciten cambios de uso de suelo–, lo que el gobierno de la ciudad hará por conducto de la Consejería Jurídica es una auscultación en la que sólo se recogerán opiniones de los ciudadanos para construir una propuesta que corresponderá dictaminar a la legislatura entrante.

El legislador electo advirtió que se tiene que reformar todo el proceso que lleva al artículo 41, donde el problema de fondo es la ciudad como escenario de ejercicio de derechos y oportunidades o un nicho de oportunidades inmobiliarias.