Ayer se emitió la primera alerta de género en el país. La decisión incluye 11 municipios del estado de México y es resultado de una batalla legal de cinco años encabezada por organizaciones civiles y familiares de víctimas de violencia extrema.

La alerta implica para el gobierno federal emprender una serie de acciones urgentes para erradicar la violencia feminicida, de acuerdo con la ley en la materia, promulgada en 2007.

Los integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres aprobaron por unanimidad el mecanismo para atender la inseguridad y la impunidad crecientes que afectan a las mujeres en territorio mexiquense.

En opinión de las organizaciones civiles que desde 2010 exigen atención inmediata, a este resolutivo debe seguir la intervención federal inmediata en la entidad, en particular en los municipios señalados: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlanepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Chalco y Valle de Chalco, que concentran 55 por ciento de las agresiones contra mujeres.

No hay coherencia. ¿De qué sirve ganar derechos políticos si matan a diario a las mujeres o las desaparecen? El viacrucis de las mamás y de las sobrevivientes continúa porque no logran justicia, advirtió María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, bastión de la lucha jurídica para exigir que se investigue y atienda el problema en aquella entidad.

Los grupos civiles, que han luchado contra el aparato del Estado, no encontraron sorpresas en la amplia investigación divulgada ayer. Defensoras y víctimas han documentado de sobra la crisis. Ahora exigen saber cómo se aplicarán las medidas.

El observatorio propone, como parte de la reparación del daño, un acto público en el cual el gobierno del estado de México reconozca la gravedad de la violencia feminicida.

Asimismo, explicó Estrada, se debe difundir en toda la entidad el modus operandi de los autores de las desapariciones de mujeres y aplicar medidas preventivas.

Otra medida propuesta es la entrega de un informe exhaustivo sobre los hallazgos de restos de mujeres en el Río de los Remedios, en el oriente del estado.

Igualmente, sugirieron incorporar a expertos en criminalística y antropología forense para hacer una investigación altamente especializada y con perspectiva de género.

El observatorio aseguró que 70 por ciento de los asesinatos perpetrados en el periodo 2005-2014 siguen impunes, todos los días desaparecen mujeres y los crímenes más brutales se cometen contra adolescentes de entre 15 y 17 años de edad.

Lo importante del informe es que abarca las gubernaturas de Enrique Peña Nieto (2005-2011) y de Eruviel Ávila. Pedimos que se abrieran expedientes, porque más de 500 casos se encontraban en total impunidad, comentó

A la Federación, indicó, le toca contribuir con unidades de contexto, es decir, indagar hechos que no son aislados. No estamos hablando de crímenes seriales, pero sí de violencia, de delincuencia organizada e institucional.

Urge también garantizar que las autoridades que dan seguimiento a los expedientes no estén vinculados con la delincuencia ni sean los propios agresores, a fin de emitir un mensaje de tolerancia cero.

Con la alerta, Eruviel Ávila reconoce que tiene un problema y necesita apoyo del gobierno federal, porque se le está saliendo de las manos, dijo Estrada al término de la 16 sesión extraordinaria del sistema, integrado por las 32 presidentas de los institutos estatales de mujeres y por una representación del gobierno federal, quienes ayer votaron.

En la lista de solicitudes de declaratoria de género hay 10 entidades más. Los procesos se desahogarán con el nuevo reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es decir, no con votaciones, sino con una investigación y sugerencias al gobernador.