Pese a la existencia de 53.3 millones de pobres, 71.8 de mexicanos sin seguridad social y una disminución del poder adquisitivo de la población, el gobierno federal prepara un ajuste de programas en materia de desarrollo social para la integración del proyecto de Presupuesto de Egresos del próximo año.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública (Coneval) hizo llegar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un análisis donde informa que 107 de los 233 esquemas federales de carácter social son similares, por lo cual se requiere aplicarles una revisión detallada para determinar posibles cambios en su diseño y operación.

Destaca que la propuesta es para apoyar las decisiones presupuestales del Ejecutivo y del Congreso ante una inminente caída de los recursos públicos en 2016. Plantea dos posibles objetivos para el próximo presupuesto social: reducir la pobreza, especialmente la extrema, y aumentar el acceso efectivo a los derechos, fundamentalmente los sociales.

El Coneval resalta en su informe que entre 2010 y 2012 disminuyó el porcentaje de personas con carencias en rezago educativo, acceso a alimentación, a los servicios de salud, básicos de vivienda, así como calidad y espacios de esta última.

Sólo que el número de mexicanos que no tienen acceso a la seguridad social aumentó a 71.8 millones en el periodo citado, mientras la cifra de quienes perciben ingresos inferiores a la línea de bienestar se ubica en 60.6 millones.

En su análisis, el Coneval ubica por rubro los programas de política social para determinar su prioridad. Así estableció, por ejemplo, que los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, Prospera, programa de inclusión social; Abasto Rural Diconsa; Abasto Social de Leche Liconsa; Apoyo Alimentario, Pensión para Adultos Mayores, Comedores Comunitarios y Empleo Temporal son medianamente prioritarios para contribuir a la disminución de la carencia por acceso a la alimentación, que abarca a 27.4 millones de personas.

No así el programa de atención a jornaleros agrícolas, que cataloga ligeramente prioritario en este caso, lo mismo que el de Apoyo a la educación indígena, de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Respeto a la insuficiencia de ingreso, la instancia resalta que el poder adquisitivo promedio de los mexicanos disminuyó entre 1992 y 2012, mientras el salario promedio de cotización del IMSS no ha recuperado el nivel que tenía en 1994.

De manera que el ingreso laboral de las familias “ha perdido poder adquisitivo respecto a la canasta básica, y si bien la reducción más fuerte fue entre 2008 y 2010, aún no se recupera esta situación en meses recientes.

Aunado a que desde 2007, el precio de los alimentos ha aumentado más que la inflación promedio, lo que implica que el poder adquisitivo ha caído más respecto a los alimentos que a otros precios. La población con ingresos inferiores al valor de la canasta básica se ubica en 23.5 millones personas.

En tanto, el acceso a la seguridad social representa, de acuerdo con el Coneval, el derecho social más rezagado dentro de los incluidos en la medición de la pobreza.

Para conseguir una reducción en el número de personas que no cuentan con ese derecho propone, entre otros, el diseño un sistema de protección social universal que prevea la existencia de pisos mínimos constituidos por instrumentos no contributivos, que busquen garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales a lo largo del ciclo de vida.

El Coneval también sugiere, por otro lado, fortalecer las políticas activas de empleo y ampliar los programas de apoyo al empleo.