Toluca, Mex.

El gobierno del estado de México publicó en la Gaceta de Gobierno las reglas de operación del Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos, con lo cual las tres mujeres testigos de la matanza de 22 civiles en una bodega de Tlatlaya, en junio del año pasado, ya podrán reclamar indemnización.

Según las reglas de operación del fondo, estas tres mujeres que fueron víctimas de tortura por agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia mexiquense deberán acudir a las instalaciones del Instituto de Atención a Víctimas del Delito para reclamar el pago por la reparación del daño.

Esta indemnización forma parte de los pendientes por cumplir que tiene aún la administración de Eruviel Ávila, de la recomendación que en octubre pasado emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el caso Tlatlaya, donde 22 personas murieron acribilladas por soldados del Ejército, aun cuando ya se habían rendido.

Las tres mujeres fueron testigos de la masacre y, tras ser remitidas a las instalaciones de la procuraduría en Toluca, fueron torturadas y vejadas sexualmente por agentes ministeriales, quienes, a través de infligir maltratos, intentaron conocer la verdad de lo que había acontecido la madrugada del 30 de junio en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya.

Además de la indemnización, estas víctimas podrán tener acceso a ayuda y asistencia del gobierno en varias materias, como parte del proceso de reparación del daño al que está obligado el Estado, por haber violentado sus garantías. El monto de la indemnización a la que se harán acreedoras será diferenciado en cada caso, dependiendo del grado de agresión y las condiciones socioeconómicas.

De acuerdo con datos de la procuraduría estatal, este fondo de ayuda cuenta con un presupuesto aproximado de 40 millones de pesos para atender, durante 2015, los reclamos de las víctimas de violaciones a derechos humanos, entre ellas estas tres mujeres del caso Tlatlaya.