La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) insistió en que la reforma para el campo incluya el tema de los derechos humanos, pues en lo que va de esta administración 20 de sus integrantes fueron asesinados, 30 han desaparecido y algunos han sido detenidos, la mayoría de ellos en Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Héctor Muñoz, encargado de derechos humanos de la CNPA, refirió que entre los casos más recientes en contra de sus integrantes están los de Eliseo Villar Castillo y Adelaida Hernández Nava, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en la Costa Chica de Guerrero, quienes están acusados de robo, secuestro, privación ilegal de la libertad y lesiones.

Ambos cuentan con ocho órdenes de aprehensión. Villar Castillo está en el penal de Ometepec, y Hernández Nava en el de Las Cruces, en Acapulco. Las acusaciones en contra de ambos fueron hechas por personas que tuvieron problemas con la policía comunitaria, en la cual se desempeñaron como líder y coordinadora, respectivamente, explicó Muñoz.

Carlos Ramos y José Narro Céspedes, de la comisión política de la agrupación, asentaron que al gobierno no le importa incorporar el tema de los derechos humanos a la reforma para el campo. Durante las reuniones en la Secretaría de Gobernación, los funcionarios mostraron malestar cuando se abordaba el asunto.

Ramos agregó que en el caso de Ostula, Michoacán, del pasado domingo, cuando militares atacaron a civiles, los elementos del Ejército también detuvieron a Refugio Mañana, comisario de bienes comunales. Nadie habla de ello, pero hay informes de que él, además del tesorero y el secretario, no aparecen.

Demandó que el Éjército haga público a quiénes detuvo ese día.