La estrategia nacional para fortalecer la convivencia escolar (plan antibullying) se sustentará en la detección eficaz de niños con problemas, acorde con el plan gubernamental. En esta categoría se incluye a los pequeños que padecen alguna disfunción cognitiva (espectro de autismo, déficit de atención, ansiedad y problemas neurológicos, entre otros), la cual requiere diagnóstico y atención especializados.

Asimismo, problemas de conducta vinculados con conflictos familiares, como violencia y divorcio, y problemas estructurales, como violencia social, pobreza y desempleo, así como otras características ligadas a la pauperización de la vida digna o al rompimiento del tejido social.

En este último punto se ejemplifica: “(detectar) niñas y niños que no son recogidos de la escuela; que asisten sucios o descuidados (sin desayunar, con piojos, sin lunch, sin tarea, tarde, enfermos o que presentan rasgos de algún tipo de maltrato); portación de armas, introducción de drogas (consumo y venta) y pandillerismo”.

Lo anterior se incluye en los documentos base de la estrategia interinstitucional, elaborado como parte del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Gobernación (SG).

Para alcanzar este objetivo participarán redes institucionales de apoyo a la escuela (RED), esto es, un conjunto de instituciones, organizaciones, especialistas en temas de convivencia escolar para atender necesidades fuera del ámbito de competencia de la escuela, pero que afectan la convivencia escolar.

En cuanto a los conflictos de responsabilidad del plantel se deberá capacitar a los docentes en disciplina y fortalecimiento del clima escolar y en organización del aula, entre otros temas, por ejemplo: qué hacer ante la transgresión de normas de convivencia o con los jóvenes que agreden a sus compañeros, maltratan el mobiliario o se van de pinta.

En conjunción con las redes institucionales de apoyo, se trabaja en el diseño de protocolos para orientar a las autoridades educativas escolares sobre cómo actuar ante sucesos que pongan en riesgo la integridad física y/o sicológica del alumno, en situaciones que salen de la competencia de la escuela y, por tanto, ameritan atención especializada.

Según este proyecto, un director o maestro que detecte una situación de acoso debe informar al superior inmediato (estructura educativa), avisar a los padres o tutores del menor, solicitar la intervención de la red, acompañar al alumno y su familia mientras llega un equipo especializado y dar seguimiento al suceso y documentarlo.

Durante la tercera sesión ordinaria del grupo de trabajo Fortalecimiento de la Convivencia Escolar, realizada hace algunos días, la responsable de la Subsecretaría de Prevención de la SG, Eunice Rendón, al presentar un diagnóstico del acoso escolar o bullying habló del nivel de vulnerabilidad de los menores ante la pobreza o la violencia familiar, clima escolar autoritario, el uso de drogas y conductas delictivas. De ahí la importancia de establecer protocolos de actuación para directores, maestros, alumnos y padres de familia.

Dentro del plan antidelito hay proyectos piloto, como el de la telesecundaria 91 en Tepito, donde se imparten talleres a los estudiantes con el apoyo de sicólogos, pedagogos y trabajadores sociales. Según la SG, 188 niños acuden a los talleres de manera voluntaria y ha disminuido el acoso escolar. “Se pretende –dijo Rendón– que el proyecto sea replicado el año entrante en todas las secundarias de tiempo completo del país”.