asta ahora, policías federales, militares y marinos habían recibido la imperiosa instrucción de resistir hasta el exceso en sus cada vez más frecuentes intervenciones en protestas de ciudadanos. Más de una vez, es cierto, las fuerzas armadas estuvieron a punto de desatar acontecimientos de consecuencias impredecibles al quedar atrapadas entre la grave impericia civil, incapaz de resolver problemas sociales y políticos, y la presión creciente de pobladores en airada demanda de solución a sus problemas o liberación de sus presos.

Los más altos jefes militares han estado en una condición de apenas contenida molestia (o mucho más) ante las órdenes políticas que les han enviado a combatir el narcotráfico en lugar de los cuerpos civiles y que, así, han expuesto a la institución castrense a la contaminación con esa delincuencia especializada en corromper autoridades, a la comisión de violaciones a los derechos humanos (por cuanto el entrenamiento y la función del Ejército no es la prevención ni la rehabilitación, sino el exterminio del enemigo) y a la imperdonable circunstancia de disparar contra su propio pueblo.

A la hora de cerrar esta columna llegaba la información de cuando menos un muerto y varios heridos en Ostula, comunidad de Michoacán donde policías, soldados y marinos habían aprehendido horas antes del disparo de armas de fuego al jefe policiaco nombrado y defendido por los pobladores, Semeí Verdía Zepeda, quien coordina los grupos de autodefensa ciudadana en la región de la Costa-Sierra nahua de esa entidad. Contra lo sucedido en múltiples ocasiones anteriores, ahora hubo disparos contra la gente, contra casas, en un ejercicio de autoridad que coincide con las insistentes versiones de fin de semana de que la administración Peña valoraba la necesidad de dar demostraciones de fuerza para frenar la percepción de pérdida de control del país que ya existía antes del viaje a Francia, pero que se multiplicó de manera descomunal con la salida de prisión de El Chapo Guzmán.

En ese contexto, está sobre la mesa de las decisiones el caso Oaxaca. Necesitada de mostrar que no permitirá más episodios imperdonables y que está decidida a meter orden, la administración peñista estudia la viabilidad de apretar el puño contra la sección 22 magisterial. Con ese objetivo ha concentrado 4 mil miembros de la Policía Federal y la Gendarmería, que sumados a 2 mil agentes estatales y municipales estarán prestos, en lo inmediato, a impedir alteraciones en el programa tradicional de la Guelaguetza, aunque los planes consideran que esos miles de federales deberán mantenerse en la entidad cuando menos por lo que resta del año. Incluso se proyecta ya la construcción de un cuartel regional para la estancia de esos policías foráneos, pues, como dijo Miguel Ángel Muñoz Navarro, vocero del gobernador Gabino Cué, por encima de las fiestas por la Guelaguetza, la prioridad es preservar la paz pública en la entidad. Por su parte, Jorge Alberto Ruiz Martínez, secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal, declaró que esa concentración de fuerzas policiacas no significa que busquemos militarizar a Oaxaca o que tratemos de amedrentar o perseguir a alguien en específico.

En caso de que se tome la determinación de actuar ejemplarmente (aprehensión de líderes, modificaciones reglamentarias con dedicatoria, retoma administrativa del profesorado) contra el movimiento magisterial oaxaqueño, en el cual los análisis de inteligencia del gobierno federal dicen encontrar vínculos entre opciones guerrilleras y disidencia política y gremial, el gobernador Cué ya había colocado oportunamente una clara pretensión justificatoria. El jueves pasado, ante miembros del Congreso de la Unión que han organizado una mesa de diálogo sobre la llamada reforma educativa, Cué declaró formalmente que el poder de la sección 22 rebasa al del propio gobierno estatal, pues controla la estructura del instituto educativo estatal, impone condiciones laborales, maneja a sus bases conforme a premios y castigos con cargo al propio erario e impide con violencia que se cumplan labores policiacas frente a hechos delictivos en los que participen los profesores.

Para aplicar la ley hay que tener un estado de fuerza y Oaxaca no lo tiene. Tenemos poco más de 3 mil 88 policías y la coordinadora (CNTE) cuenta con más de 82 mil agremiados, explicó el político que cinco años atrás fue declarado gobernador electo para un periodo que terminará el año próximo. A lo largo de esos años, Cué ha sido obsecuente rehén de la sección 22 del SNTE, base fundamental de la CNTE y de las continuadas protestas en la capital del país y en otros estados, pero hasta ahora lo ha dicho en esos términos invocantes de la intervención del estado de fuerza. Peña Nieto, desde luego, está oportunamente dispuesto a atender ese llamado a la mano dura que hace el gobernante fallido (se habla de Cué).

En Chiapas, mientras tanto, avanzaba la confirmación de que el cinismo en la comisión de fraudes electorales podrá ser practicado exitosamente en 2018. Ya sucedió en los comicios federales recientes, con un partido Verde que se dedicó sin prurito alguno a violar las leyes de la materia con tal de ganar votos, es decir, cargos políticos y prerrogativas económicas, y ayer fue reiterada tal vocación delictiva escandalosa en elecciones locales (diputados y presidentes municipales) en el feudo de un precandidato presidencial que usó todo el aparato del gobierno estatal para impulsar al partido de las cuatro mentiras (PVEM), en una falsa disputa entre esta agrupación y el PRI, con alianza solamente en municipios estratégicos.

El mes pasado, en las elecciones de diputados federales, el gobernador Manuel Velasco Coello hizo que el atraso chiapaneco suministrara formalmente uno de cuatro votos nacionales que recibió el Verde, en un desenfreno de pillerías que consolidó a esa franquicia como gran fuerza local. Ayer, en un cuadro institucional más descompuesto, avanzó en la estrategia de adulteración que, mejorada, desembocará en 2018. ¡Hasta mañana!

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