La Constitución no contiene un mecanismo para definir qué funcionario asume el control del gobierno en caso de ausencia temporal del presidente de la República y menos del secretario de Gobernación, que ante la falta absoluta del Ejecutivo debe asumir el cargo de manera provisional, en tanto el Congreso nombra un interino o un sustituto.

“El hecho de que el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se encontraran fuera del país, es una irresponsabilidad constitucional, y más aún en el contexto de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Se dio un vacío de poder”, explicó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Alejandro Sánchez Camacho (PRD).

El 28 de junio –cuando fue dado de alta Peña Nieto por la operación de vesícula–, el coordinador de ese partido en la cámara, Miguel Alonso Raya, recordó que desde la 58 Legislatura el Congreso de la Unión no ha desahogado 18 iniciativas para reglamentar los artículos 84 y 85 de la Constitución, para designar a un presidente interino, provisional o sustituto, en caso de que, por el motivo que fuere, el mandatario en funciones incurra en falta temporal o absoluta.

Ayer Sánchez Camacho dijo que si bien la Constitución ya no obliga al presidente a solicitar permiso para ausentarse de territorio nacional, la decisión de viajar a Francia con el segundo hombre en el poder prácticamente dejó sin mando al país.

Consideró que la próxima legislatura tiene la obligación de aprobar el marco legal respectivo, porque en la actualidad existe una laguna constitucional; si el presidente se enferma o está ausente de manera temporal, no existe un método para definir quién lo sustituya.

Mientras, el vicecoordinador del PAN, Marcelo Torres Cofiño, consideró un error que Peña Nieto concentrara las tareas de seguridad en Gobernación, con la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora es urgente que se reconsidere esta decisión y se reconozca un yerro más en los que incurre este gobierno, dijo.

Alonso Raya sostuvo que la evasión de El Chapo demuestra que los gobiernos de PAN y PRI “son cómplices y protectores de sus delitos, y ahora también recibió facilidades para su escape; se demuestra que su reaprehensión en febrero de 2014 fue un show mediático”.

Añadió que, como en la fuga de Puente de Grande, Guzmán Loera debió contar con la complicidad de altos funcionarios dentro y fuera del penal, sin lo cual difícilmente podría escapar de una prisión de alta seguridad.