La Paz, BCS.

El ayuntamiento de La Paz concesionó 15 años el servicio de alumbrado público al Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente SA de CV, empresa que sólo se ha dedicado al acopio de basura, y se relaciona con Jaime Cuevas Tello, ex edil de Bahía de Banderas, Nayarit, implicado en escándalos por la deficiencia de los servicios.

Pobladores del municipio han denunciado varias veces las malas condiciones de las unidades recolectoras de basura y las zonas clandestinas donde arrojan los desechos. Además, señalaron que Cuevas Tello avaló la desaparición de una laguna para que la trasnacional Walmart construyera una tienda.

El secretario general municipal de La Paz, Marco Antonio Núñez Rosas, mencionó que la empresa cambiará el actual alumbrado público por 15 mil luminarias ahorradoras de energía, con inversión de 96 millones de pesos, dinero que el municipio no tiene.

Aclaró que no se trata de una privatización, pues el ayuntamiento pagará a la empresa la operación y mantenimiento del equipo que ya comenzó a instalarse, pero el servicio seguirá bajo la rectoría del gobierno municipal.

Aseveró que el único interés de la actual administración priísta es modernizar el servicio de alumbrado público para ahorrar recursos al ayuntamiento en consumo de electricidad.

Expresó que el servicio de alumbrado público es responsabilidad del ayuntamiento de La Paz, según la Ley Orgánica Municipal, por lo que rechazó la injerencia del gobierno del estado en este tema.

Sin embargo, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado solicitó al ayuntamiento local la revisión de las condiciones en que pretende prestar el servicio de alumbrado público con la participación del sector privado.

Señaló que el bando de policía y buen gobierno del municipio de La Paz establece que la prestación de los servicios públicos a través de particulares prohíbe que se incluyan los servicios que presta en seguridad, alumbrado público y tránsito de vehículos.

Advirtió que la constancia emitida por el ayuntamiento de La Paz, dadas sus condiciones, se refiere a un contrato de largo plazo y no a una concesión, por lo que subrayó que se requiere la autorización del Congreso local.

El secretario general municipal Marco Antonio Núñez Rosas, reconoció que en el fondo hay un conflicto de intereses.