La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que, pese al trabajo que realizan diversas instituciones, todavía falta mucho camino por recorrer para erradicar la discriminación que sufren miles de mexicanos afrodescendientes. El racismo, la discriminación y la intolerancia en nuestro país son una lamentable realidad que destruye vidas.

Al clausurar el foro internacional Discriminación racial y afrodescendencia en México, realizado en Boca del Río, Veracruz, la cuarta visitadora general de la comisión, Norma Inés Aguilar León, señaló que resulta urgente y prioritario dar reconocimiento constitucional y legal a los derechos de los miles de mexicanos afrodescendientes, ya que desconocerlos es condenarlos a seguir en el olvido.

Ante expertos nacionales y extranjeros, así como representantes de diversos organismos del Estado y de la población afrodescendiente, insistió en que estos mexicanos tienen que ser visibilizados por el Estado y el orden jurídico. Es una necesidad imperiosa que no puede esperar, y su reconocimiento debe empezar en la Constitución Política y las disposiciones legales ordinarias, porque ellos son integrantes de la nación, con todos los derechos, enfatizó la visitadora.

En un comunicado, la funcionaria de la CNDH comentó que la mayor parte de la población afrodescendiente vive en espacios rurales, en situación de pobreza, con servicios insuficientes, alto grado de marginación y rezago social.

“Y cuando el racismo y el género convergen –agregó–, las mujeres sufren con mayor intensidad discriminación e inequidad; son víctimas por doble causa: son más vulnerables, lo que se traduce en falta de ingresos y ausencia de protección social básica; y están más expuestas a la violencia y discriminación”.

Previamente, durante el tercer panel de discusión organizado en el foro, los expertos analizaron el tema y coincidieron en que México no tiene información censal sobre la población afrodescendiente ni sobre la situación de sus derechos humanos, mientras que seis países de Centroamérica recabaron esos datos desde el año 2000.

Criticaron la amplia brecha que hay entre la adquisición de compromisos internacionales y su cumplimiento.