Querétaro, Qro.

La comunidad de Santa María Magdalena, de unos 9 mil habitantes en este municipio, está controlada por la delincuencia organizada. Niños, adolescentes, mujeres y hombres participan en el robo de mercancía que transporta el tren que pasa por la localidad hacia los municipios de Querétaro y San Juan del Río.

Sólo en seis meses de 2014, la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) inició 113 averiguaciones previas por robo de mercancías, a partir de 67 denuncias penales que interpuso Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex) y 46 de Kansas City.

Las autoridades de todos los niveles de gobierno están rebasadas porque no han podido controlar la situación: han efectuado, al menos, tres operativos contra los presuntos ladrones. El más reciente, el 27 de junio, dejó cinco heridos de bala, lo que provocó el jueves pasado una manifestación de pobladores que piden el gobierno que restablezca la seguridad.

Hasta en dos ocasiones por día, y a plena luz, los pobladores dañan los rieles o realizan otras cosas para que el tren se detenga. A mazazos rompen las paredes de los vagones y, cuando esto ocurre, decenas de personas, que esperan afuera de sus casas, se abalanzan sobre la mercancía y llenan sus cubetas, carretillas, carros y hasta camiones.

Los robos comenzaron hace aproximadamente dos años a partir de un desperfecto en una tolva de maíz que dejaba caer la carga, recogida por los habitantes con lo que tuvieran a mano, dijo un vecino que prefirió el anonimato.

De allí se decidieron a robar azúcar, cerveza, neumáticos, teléfonos, computadoras, chatarra, cemento, electrodomésticos, motocicletas y hasta perfumes. Ya intentaron robar carros, pero desistieron porque no tenían una grúa para transportarlos.

Una vez consumado el atraco, a la comunidad llegan camiones para recoger el botín, principalmente bultos de cemento. ¿Quién los llama?, ¿cómo saben hora y día?, se preguntan los vecinos que decidieron hablar con La Jornada.

Coincidieron en que detrás de los atracos está la delincuencia organizada y que en ella participa desde personal de seguridad pública hasta de empresas ferroviarias.

Aunque todos saben cómo y quiénes participan en los asaltos, si alguien denuncia corre el riesgo de sufrir represalias. Ante el miedo prefieren callar.

Saben qué familias lideran los hurtos. Son unas cuantas, pero participan hijos y padres por igual; a la acción se suman numerosas personas que encontraron en esa actividad una forma de sustento, ya que son familias de escasos recursos.

Ellos saben que están cometiendo un delito y, si el gobierno no actúa, estamos en manos de la delincuencia, dijo uno de los entrevistados.

Quieren paz

El sábado 27 de junio, guardias de seguridad privada que iban en los vagones para resguardar la mercancía detectaron a un grupo que intentaba robar el tren. Cuando los pobladores se acercaron al convoy, aquéllos hicieron disparos y lesionaron a cinco, entre ellos a María Guadalupe, de 34 años de edad, quien recibió un disparo en el cráneo.

Parientes de la mujer aseguran que ella sólo pasaba por el lugar cuando se produjo la balacera y pidieron a las autoridades su pronta intervención porque quieren vivir en paz. Ahorita fue ella, al rato quién va a ser, expresó un integrante de la familia.

De los heridos, todos han declarado que iban pasando por ahí, dijo el secretario de Gobierno estatal, Jorge López Portillo Tostado, y señaló que la PGR investiga para deslindar responsabilidades.

El jueves pasado, unas 150 personas se manifestaron en la comunidad para exigir a las autoridades su pronta intervención. Pagan justos por pecadores, somos gente de Santa María y queremos paz y si sigues robando nos van a matar, señalaron.

Otros enfrentamientos

En septiembre de 2013, desconocidos arrojaron una bomba molotov e incendiaron un vehículo de personal de vigilancia de Ferromex. Esto provocó movilización policiaca y del cuerpo de bomberos. No hubo detenidos.

El 18 de julio de 2014, policías federales que resguardaban electrodomésticos a bordo del ferrocarril abrieron fuego contra pobladores que aguardaban el momento del atraco. Un presunto delincuente resultó lesionado.

La policía estatal acudió a apoyar, pero los vecinos los recibieron a pedradas y un agente resultó herido. Su compañero de patrulla bajó de la unidad para ayudarlo, pero dejó un arma larga en el vehículo, la que le fue robada. Ante la resistencia que encontraron, solicitaron apoyo al Ejército, que controló la situación.

De las 113 denuncias penales interpuestas hasta ahora, el Ministerio Público federal consignó a 11 personas, a seis de las cuales el juez les dictó el formal prisión; los demás obtuvieron su libertad por falta de pruebas, situación que a algunos pobladores les parece sospechosa.

El gobierno estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, anunció a principios de 2015 que instalaría una base de operaciones mixtas, lo que permitiría la presencia permanente en el poblado de las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierrno, pero esto no se ha concretado.