El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez cuestionó que el gobierno federal pretenda llevar la discusión sobre la existencia de la orden militar del 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar de abatir a delincuentes en horas de oscuridad, que pudo haber propiciado la masacre de Tlatlaya, a un debate lingüístico en vez de abocarse al deslinde de responsabilidades.

Resaltó que el término abatir genera preocupación, dado el sentido conforme al cual es empleado en el caso Tlatlaya por diversos elementos del Ejército. No existe duda de que en este caso, la noción de abatir delincuentes tiene un significado unívoco, contrario a los derechos a la vida y a la presunción de inocencia, por lo que su inclusión en una orden castrense es propiciatoria de graves violaciones a derechos humanos, sostuvo.

Apuntó que contrario a lo establecido por el gobierno federal, de que la orden contiene salvaguardas en la materia, incluye el lenguaje de derechos humanos de manera accesoria, siempre como un añadido, generando una situación que como mínimo debe calificarse de ambivalente.

Las órdenes, añadió, son ilegales, “pues instruyen expresamente a ‘abatir delincuentes’, lo que implica la suspensión de facto de nuestro marco legal en la medida en que éste sólo permite a las fuerzas armadas detener a civiles cuando éstos se encuentran en flagrancia delictiva, supuesto en el que deben ser presentados ante autoridad competente”.

Más aún, sostuvo, la orden suspende el derecho humano a la presunción de inocencia, pues la convicción de que una persona es responsable de un delito sólo puede derivar de sentencia judicial y no de la apreciación subjetiva de una unidad castrense.

El centro recordó que el término abatir se ha utilizado en al menos 20 ocasiones por las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para aludir a la muerte de personas identificadas como presuntos delincuentes en enfrentamientos con las fuerzas armadas.