Amnistía Internacional (AI) y el titular de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, urgieron al gobierno mexicano a investigar la orden dirigida al 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar de abatir a delincuentes en horas de oscuridad, y que pudo haber provocado la masacre de Tlatlaya.

No cabe duda que abatir significa matar, ya que el término se emplea con ese significado preciso en varios documentos militares; además, hay motivos fundados para pensar que la orden militar alentó las ejecuciones extrajudiciales, sostuvo Amnistía Internacional.

Mientras, el relator de la ONU señaló que a un año de los sucesos, los avances en la investigación resultan insuficientes y las autoridades mexicanas tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida.

Ericka Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, afirmó que la orden militar ha salido a la luz en medio de la más grave crisis de derechos humanos en la historia reciente de México, con miles de personas asesinadas o desaparecidas.

Por ello, dijo que es fundamental que el presidente Enrique Peña Nieto formule públicamente una condena de este acto y haga un compromiso con los derechos humanos, ordenando una inmediata investigación independiente a cargo de las autoridades civiles sobre cómo están aplicando las fuerzas armadas la política de seguridad del gobierno.

Amnistía Internacional precisó que las investigaciones deben incluir a cualquier jefe militar u otra persona con responsabilidad en la cadena de mando que supiera, o debiera haber sabido, que las fuerzas militares estaban cometiendo o iban a cometer tales crímenes, y que no hizo nada para impedirlos o reprimirlos, ni para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.

Planteó que la última revelación sobre el caso Tlatlaya pone en grave entredicho la versión del gobierno de México de que o bien no ha participado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, delitos de violencia sexual y otras violaciones de derechos humanos, o los ha calificado de hechos aislados cometidos por personas que actuaban por su cuenta.

De igual manera, lo instó a cancelar de manera inmediata cualquier orden permanente parecida y poner fin de inmediato a que las fuerzas armadas desempeñen funciones habituales de la policía, como detener, investigar e interrogar.

Por su parte, también en un comunicado, el relator de la ONU Christof Heyns instó a las autoridades mexicanas a tomar en consideración las nuevas evidencias en relación con la muerte de 22 personas, durante la operación militar contra presuntos delincuentes en Tlatlaya.

Afirmó que la perspectiva de derechos humanos debe ser incluida en todas las órdenes de operaciones, con instrucciones precisas sobre la protección del derecho a la vida y el uso legítimo de la fuerza.

Y se pronunció porque aquellos funcionarios que con sus acciones u omisiones posibilitaron el ocultamiento de graves violaciones a los derechos humanos también deben ser investigados.

Después de la revelación hecha por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, sostuvo que las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser en lo mínimo.

Indicó que las autoridades mexicanas tienen la responsabilidad de garantizar la protección de los testigos y las familias de todas las víctimas de Tlatlaya, así como de los defensores de derechos humanos relacionados con el caso.