a de ser fácil para los políticos profesionales responder después de las elecciones a la pregunta sobre las nuevas relaciones entre los partidos y la ciudadanía: pensar en la próxima elección; retener el puesto alcanzado o alcanzar el ahora perdido; dar buenos servicios al jefe político para lograr la recompensa laboral esperada; y, si es el caso, para evitar las tropelías cometidas ahora, que se proponga y se apruebe una nueva reforma electoral. En este caso parte de su quehacer será pensar cómo violentarla mientras llega la siguiente reforma, y luego la siguiente… Sin duda, estos no son los razonamientos de la sociedad civil.

No se trata de evitar pensar en las próximas elecciones, sino en prepararse para que se den bajo otras relaciones entre los partidos y la ciudadanía. ¿Cómo hacerlo? Varias articulaciones de organizaciones ciudadanas elaboraron agendas y las propusieron a los candidatos para que asumieran los compromisos que implicaban. Por supuesto que un primer paso ineludible es exigir su cumplimiento, incluso por aquellos que no se comprometieron explícitamente con ellas, ya que las demandas ciudadanas tienen un fundamento ético de validez más allá de la voluntad del representante. Y por ello la exigencia de cumplimiento deberá acompañarse de un argumento político de costo-beneficio para quien decida incumplirlos. Todo esto hay que hacerlo para avanzar en la cultura democrática, aunque sin tener demasiadas expectativas de respuestas entusiastas en la mayoría de quienes dicen representarnos.

Hace ya años que don Pablo González Casanova expresó que nuestros representantes representan que nos representan, pero que nos representan cada vez menos. Por lo que habrá que dar otro paso, cuya realización no depende de lo obtenido en el primero: juntar las demandas contenidas en las agendas ciudadanas; reunir los derechos violentados, y, a fin de elaborar un programa que no sea solamente la suma de las agendas, ubicar los denominadores comunes. No es fácil integrar un programa único de transformaciones de fondo para el país. Son muchos los agravios y, por tanto, las demandas, y en su multiplicidad se corre el riesgo de la dispersión de los movimientos sociales. Para integrarlos se requiere metodológicamente tener en cuenta los siguientes pasos: 1) Poner en común los problemas y las agendas de cada movimiento. 2) Elaborar un diagnóstico de sus causas que permita comprender cuáles de estas son comunes a todos los problemas. 3) Pensar las posibles acciones frente a las causas. Lo que dotará de las hipótesis sobre los caminos concretos a seguir. 4) Elaborar las estrategias compartidas para luchar contra las causas que han generado los problemas específicos que cada organización enfrenta, y establecer los compromisos de acción que a cada quien le sea posible. 5) Comunicar a toda la sociedad el diagnóstico, las hi­pótesis de acción, las estrategias y los compromisos adquiridos, a fin de recibir el apoyo creciente de la ciudadanía. Los movimientos que decidan seguir este camino saben que no lo recorrerán solos, pues hay muchos apoyos disponibles. En las últimas semanas se presentaron dos documentos de alternativas para la transformación democrática del país, elaborados por grupos de académicos comprometidos con las causas sociales. Uno, realizado por más de 300 académicos en toda la República, agrupados en el Consejo Nacional de Universitarios, lleva por título Manifiesto ¡Reconstruyamos nuestra nación!

El otro, llevado a cabo por el grupo de intelectuales Nuevo Curso de Desarrollo, lleva por título México ante la crisis. Ambos documentos contienen análisis y propuestas concretas para la transformación actual del país, que mucho servirán para pensar hipótesis de acción de los movimientos sociales. Pero además de la producción de académicos están los esfuerzos de diversos espacios de articulación social, tales como el Frente Amplio Social Unitario; la Asamblea Nacional Popular; el Mo­vimiento en Defensa del Agua, el Te­rritorio, el Trabajo y la Vida, y la Constituyente Ciudadana y Popular, por sólo citar algunos de los múltiples espacios de articulación existentes.

Sabemos que hay diferencias entre todos ellos que no son fáciles de resolver. Por lo mismo, para poder llegar a hipótesis comunes, hay que compartir agendas y diagnósticos. No se trata de subsumirse en una sola organización, sino de que la diversidad de las existentes construya una alianza estratégica para la transformación del país. Propongo tres temas en los que podrá haber visiones compartidas que construyan puentes de diálogo. 1) La defensa del territorio y la vida, en la que pueden encontrarse reflejados todos aquellos movimientos que luchan por la tierra y contra la explotación irracional de los recursos naturales: los minerales, los energéticos y el agua misma, así como contra la criminalización de quienes luchan por defender esos derechos y recursos. 2) La defensa de los derechos sociales, en la que pueden encontrarse quienes luchan contra la precarización del empleo, el retroceso de la seguridad social, y quienes demandan trabajo digno para todos. 3) La defensa del derecho a la participación y la demanda de las condiciones indispensables para ello: acceso a la información pública, combate a la corrupción de las autoridades, reivindicación de la consulta popular, y exigencia de la revocación de mandato a los funcionarios electos.

Tal vez pensar en estos temas parezca utópico. No lo es si tenemos en cuenta lo que ya se ha avanzado. No es difícil pensar que en tres años, en vez de distanciarnos por decidir quién nos represente, nos encontremos en la demanda común de que gane quien gane se someta al programa de la sociedad civil, y que, de no hacerlo, ésta pueda exigir no sólo el cambio de representantes, sino también del sistema electoral por otro que sí sea efectivo.