El Congreso de Sinaloa reformó la Ley Electoral del estado para reducir de 90 a sólo 40 días el plazo en que los aspirantes a ser candidatos ciudadanos deberán reunir las firmas de apoyo para su postulación.

Los cambios fueron aprobados por diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Sinaloense y Nueva Alianza. El Partido de la Revolución Democrática respaldó algunos apartados, pero rechazó varios de los requisitos impuestos a los independientes.

El artículo 81 de la nueva ley señala que quien desee competir sin partido político deberá reunir 2 por ciento de las firmas de los ciudadanos inscritos en la lista nominal en 40 días.

El perredista Ramón Lucas Lizárraga señaló: “Esto ya no es un requisito, sino un impedimento. Pareciera ser que esta parte tiene dedicatoria. Están previniendo de que no nos salga un Bronco en Sinaloa”, dijo en referencia al gobernador electo de Nuevo León, quien fue candidato independiente.

El artículo 369 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, del ámbito federal, fija un plazo de 90 días para reunir este requisito.

La medida se aplicó por primera vez en las elecciones del 7 de junio pasado, en las que Manuel Clouthier Carrillo –uno de los dueños del diario Noroeste, agricultor e hijo del extinto candidato presidencial panista Manuel J. Clouthier– se convirtió en el primer legislador federal por esta vía.

En Oaxaca, la 62 Legislatura redujo a dos años los periodos de legisladores locales y presidentes municipales: asimismo, diminuyó de cinco a tres años la residencia mínima para los aspirantes a la gubernatura y mantuvo en seis años el mandato de gobernador.

Durante la sesión, activistas arrojaron huevos a las puertas del congreso porque exigían que se garantizara la paridad de género en los cabildos. Sin embargo, se determinó que los partidos decidirán las candidaturas.

Por otra parte, se autorizó al gobierno de Gabino Cué contratar créditos por 2 mil 400 millones de pesos. Así, la deuda pública estatal alcanzará 13 mil millones de pesos, 300 por ciento más que al final de la gestión de Ulises Ruiz.

Un legislador que pidió anonimato dijo que los priístas aprobaron el endeudamiento a cambio de modificar el requisito de residencia mínima para los aspirantes a la gubernatura. A su vez, la panista Dulce Alejandra García Morlán explicó que esta modificación se debió a que el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Alejandro Murat Hinojosa, hijo del ex gobernador José Murat Casab y originario del estado de México, sólo tiene tres años de residencia.