Mediante edictos se cumple exhorto internacional
de un togado argentino
El empresario promovió una querella por $520 millones contra el PRD y la titular de la Sedesol
Miércoles 1º de julio de 2015, p. 12
Un juez federal en materia civil de la ciudad de México emplazó por medio de edictos a Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto, para que en un plazo de 84 días hábiles conteste y se defienda de una demanda ejecutiva mercantil promovida en Argentina por Carlos Ahumada Kurtz.
La ex presidenta nacional del PRD mantuvo una relación sentimental con el empresario argentino antes de que fuera encarcelado, en abril de 2004, por diversas acusaciones de fraude en perjuicio del Gobierno del Distrito Federal.
Horacio Ruiz Palma, juez decimoprimero de distrito en materia civil, ordenó la publicación de varios edictos en diarios de circulación nacional (ayer se publicó el tercero de ellos), con el propósito de dar cumplimiento a un exhorto internacional enviado mediante carta rogatoria
por un juez argentino.
La demanda ejecutiva mercantil contra el PRD y Rosario Robles, por 520 millones de pesos, fue promovida ante un tribunal de la provincia argentina de La Rioja.
Se trata de una acción ejecutiva mercantil que no fue presentada a título personal por Ahumada, sino por el Fideicomiso Justicia y Verdad, y se originó en supuestos adeudos en que incurrió el instituto político con el empresario durante la presidencia del PRD que encabezó Rosario Robles en 2003 y parte de 2004.
En junio de 2014, los abogados del empresario argentino lograron emplazar al PRD en sus oficinas de la ciudad de México, y desde entonces los dirigentes del instituto político han litigado ante los tribunales federales mexicanos para evitar el cumplimiento de un embargo ordenado por un juez argentino.
Hasta ahora, el fallo de la autoridad jurisdiccional del país sudamericano se encuentra suspendido por un amparo que concedió al PRD la juez mexicana Concepción Martín, quien en octubre de 2014 duplicó el monto de la garantía (de 7.8 a 15.6 millones de pesos) que tuvo que cubrir el partido para mantener la suspensión que impide el embargo de 520 millones de pesos sobre sus prerrogativas.
El PRD pudo exhibir la garantía por medio de póliza de fianza, lo que no le implicó desembolsar recurso alguno.
Sin embargo, aunque el Fideicomiso Justicia y Verdad incluyó en su demanda a Robles, los abogados de un importante bufete jurídico argentino contratado por Ahumada no pudieron ubicar algún domicilio de la funcionaria federal, y optaron por hacerle la notificación mediante edictos.
Dicho mecanismo es la última opción a la que recurren los abogados en un litigio para dar a conocer a sus contrincantes que fueron demandados, debido a que en la práctica implica la posibilidad de que los juicios se vuelvan engorrosos o se alarguen varios años, además de que abre muchas ventajas de defensa para quienes enfrenten la demanda, entre ellas la oportunidad de anular el juicio por indebida notificación.
Se previene a la demandada para que fije domicilio y oponga las excepciones y defensas legítimas de la ley, si las tuviese, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le dará por decaído el derecho no usado y el juez requirente procederá a dictar sentencia, con la posibilidad de prosperar la ejecución en su contra y sobre sus bienes
, indica uno de los edictos derivados de la carta rogatoria 4/2015 y de la orden 95/2015-C-II, firmada por el juez Ruiz Palma.
El empresario argentino afirma haber prestado unos 400 millones de pesos al PRD, cuando era dirigido por Robles, para comprar publicidad, cantidad a la que agregó 120 millones que reclama por concepto de intereses.
El PRD ha sostenido públicamente que no existe pagaré o depósito alguno que confirme que recibieron el dinero que exige Ahumada, quien fue artífice de lo que se conoció como videoescándalos de 2004, en los que se exhibió en cadena de televisión nacional, entre otros perredistas, a René Bejarano, entonces secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, recibiendo del empresario una maleta con pacas de dinero en efectivo.
El propio Ahumada reconoció en su libro Derecho de réplica que fue utilizado por prominentes panistas, como Diego Fernández de Cevallos, para utilizar los videos de perredistas que grabó de manera ilegal con miras a frenar las aspiraciones políticas de López Obrador.
De acuerdo con abogados allegados a Rosario Robles, la funcionaria ordenó desde hace varios meses elaborar una denuncia penal contra Ahumada –no precisaron si ya fue presentada y si la presentarán próximamente– por diversos delitos, entre ellos robo de documentos públicos y privados.
