n el marco de la 73 asamblea plenaria de la CEM (abril de 2012), en conferencia de prensa, ante un episodio de escándalos de pederastia en Estados Unidos, los obispos mexicanos, frente la insistencia de los reporteros, se ven obligados abordar el tema. La jerarquía declaró que no le tocaba entregar ni denunciar ante las autoridades judiciales a sacerdotes o religiosos pederastas. No nos corresponde estar entregando a nuestros hijos, a los hijos de la Iglesia a la autoridad civil; nos toca juzgarlos según nuestras propias leyes, afirmó entonces el obispo de la diócesis de Ciudad Juárez, Renato Ascencio León. Sergio Obeso, obispo de Jalapa, entonces se hizo famoso al recordar el viejo refrán mexicano: La ropa sucia se lava en casa, dejando en estado de indefensión a las víctimas (La Jornada, 12/4/12).

En tan sólo 13 años la situación ha cambiado radicalmente. La Iglesia ha sido sacudida por sucesivos escándalos de pederastia y la presión internacional ha sido tan intensa que provocó crisis eclesiales de alcances planetarios; por ello ha venido cambiando su enfoque para afrontar los miles de casos de abuso sexual perpetrados por sacerdotes católicos en todo el mundo. El papa Francisco describe la pederastia clerical como la mayor vergüenza de la Iglesia y señaló que al menos 2 por ciento de los sacerdotes católicos son pedófilos. El papa Bergoglio ha creado un tribunal para juzgar a obispos encubridores de pederastia, es decir, ya no sólo perseguir y castigar a los religiosos abusadores sexuales, sino arrogarse medidas más contundentes para llamar a cuentas a los religiosos que fueron cómplices por indolencia o encubrimiento de los abusadores. Aún no se conocen detalles de su normativa ni su forma de operación, pero el nuevo tribunal será parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe y tendrá competencia para juzgar los casos de abuso del cargo, encubrimiento y negligencia de los obispos en los casos de pederastia clerical.

El tribunal estará encabezado por el experimentado cardenal de Boston Sean O’Malley, quien presentó una propuesta innovadora, misma que fue aprobada por Francisco y su grupo de asesores llamado G-9. La presión internacional no sólo de los medios, sino de la sociedad internacional, como la ONU y diversos organizaciones civiles, lleva a la Iglesia a dar un paso más para sancionar el modus operandi eclesial que protege a los curas infractores no sólo ocultándolos, sino presionado a las familias y víctimas para desistir en su demanda. Este tribunal estará integrado por sicólogos y siquiatras especialistas en el tema, así como numerosos laicos víctimas de abuso.

Los casos de pederastia clerical comenzaron a tener eco en los medios de comunicación desde los años 90; su epicentro fue justamente Boston. Ante el aumento de las denuncias, ya no sólo en Estados Unidos sino en Irlanda y muchos otros países, el papa Juan Pablo II convocó a los 13 cardenales estadunidenses a la curia romana en abril de 2002, para concertar medidas ante la crisis y avalancha de denuncias. Tan sólo en Estados Unidos se calcula que por concepto de indemnización a víctimas la Iglesia erogó más de 5 mil millones de dólares. Fue hasta 2010 que el Vaticano reconoció abiertamente la culpabilidad de los sacerdotes en diversos casos en el mundo, cuando el papa Benedicto XVI pidió perdón a las víctimas y prometió hacer todo lo posible para que esos casos no volvieran a ocurrir. Sin embargo, a pesar de avances, las medidas recomendadas por Ratzinger fueron cuestionadas por quedarse cortas y no afrontar integralmente el encubrimiento sistémico que el clero operó para protegerse de las denuncias. Prevalecía el desprecio sistemático a las víctimas y a sus denuncias, tanto en procedimientos de la Iglesia local como de la Santa Sede. Igualmente, la protección muchas veces rebasó los ámbitos eclesiásticos, ya que tanto gobiernos como medios –en el caso de Marcial Maciel es más que evidente– escudaron y ampararon a los curas violadores bajo una nueva suerte de fuero eclesiástico. Por ejemplo, la actitud asumida por los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el caso ampliamente documentado de que Jesús Romero Colín fue víctima del sacerdote Carlos López.La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sostuvo que deliberadamente han entorpecido y alargado el procedimiento de integración de la averiguación previa, ello con el afán de generar un sentimiento de desesperanza en el denunciante y propiciar su alejamiento del curso de la indagatoria criminal.

El nuevo tribunal de Francisco ha arrebatado el sueño de diferentes obispos y cardenales mexicanos. La pregunta es si la justicia mexicana sancionará a los cómplices y encubridores de religiosos pederastas. En abril de 2010, fue reformado el Código Federal de Procedimientos Penales y las leyes para la protección de los derechos de niñas, de niños y adolescentes, que en uno de sus incisos dice: Los ministros de culto, los asociados y los representantes de las asociaciones religiosas, incluyendo al personal que labore, apoye o auxilie, de manera remunerada o voluntaria, en las actividades religiosas de dichas asociaciones, deberán informar en forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones. Flota en el ambiente el nombre principalmente del cardenal Norberto Rivera no sólo por el caso Maciel, sino por el sacerdote Nicolás Aguilar, prófugo de la justicia. Alberto Athié, referente central contra la pederastia en la Iglesia, ha declarado que prepara los expedientes de diócesis en las que están involucrados los obispos encubridores de San Luis Potosí, Xalapa, Oaxaca, Jalisco, Colima y Saltillo, entre otros.

Hay muchas preguntas y dudas sobre el nuevo tribunal de Francisco; sin embargo, es un paso importante que mostrará hasta dónde la Iglesia está dispuesta a extirpar este tumor patológico que tanto daño ha causado. Es un paso importante, pero queda pendiente en la Iglesia un tema de fondo para una concepción más integral de la sexualidad en la vida religiosa.