La Comisión de Asuntos de la Frontera Norte de la Cámara de Diputados aprobó un exhorto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para que verifique el avance y cumplimiento de las negociaciones con los jornaleros del Valle de San Quintín, Baja California.

La diputada Carmen López (PRI) expuso que el problema por la demanda de aumento de salario, mejores condiciones de salud, educación y vivienda aún no se ha resuelto; los efectos que sufren los trabajadores del campo, agregó, continuarán mientras carezcan de servicios básicos.

Expuso que revisar el contexto laboral de los jornaleros de Baja California sería un precedente para hacer lo mismo con las condiciones de todos los jornaleros del país que están en situación de esclavitud. No es posible que en pleno siglo XXI sean empleados en condiciones de ese tipo.

Sostuvo que la dependencia también debe investigar y sancionar a los patrones que no han cumplido con la prohibición de emplear niños en la recolección de frutas y hortalizas ni revisado las condiciones de mujeres que denuncian acoso sexual de capataces y empleadores. A esos empresarios hay que castigarlos, insistió.

Por separado, Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), aseveró que a raíz del caso de los jornaleros de esa zona en Baja California muchos inversionistas hortofrutícolas suspendieron sus proyectos en el país.

Dijo que se avanza en el tema de las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas, pero con el caso de los trabajadores de San Quintín se está generando una imagen negativa del país y de los productos (de la zona). Hay mucho por hacer, pero no se trata sólo de un tema de salarios; es también un asunto social, de educación, de salud y de oportunidades; por eso ya hay un trabajo conjunto con las secretarías de Agricultura, de Trabajo, de Desarrollo Social, de Economía y de Gobernación para mejorar las condiciones laborales.

Haro no descartó que el caso de San Quintín se trate de una campaña que oculta posibles intereses políticos, pues están involucrados sindicatos que no son del país; hay que ser cautelosos.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez, consideró que ante el éxito de México en el mercado internacional por el incremento de las exportaciones de frutas y hortalizas, hay quienes están utilizando los derechos humanos como una barrera no arancelaria, y por ello critican las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas y denuncian que hay una explotación de los menores de edad en el sector agropecuario.

Rechazó que en el país haya trabajo infantil en los campos agrícolas; lo que existe en el ámbito de la agricultura familiar, dijo, es la enseñanza de los padres a sus hijos del amor a la tierra, las labores agrícolas y el contacto con los animales.