Martes 30 de junio de 2015, p. 5
Ante la insistencia de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en entrevistar directamente a los integrantes del 27 batallón de infantería por el caso Ayotzinapa, el gobierno federal respondió que dicho grupo ‘‘tiene toda la posibilidad de avanzar en la investigación de ese asunto en su calidad de coadyuvantes del Ministerio Público, al cual pueden incluso sugerirle que solicite la ampliación de sus declaraciones o preguntar otras cosas.
‘‘El tema no tiene que ver con la apertura de ellos (de los militares), tiene que ver con la forma en que está definido en el mandato y se cumpla estrictamente con el marco legal vigente’’, afirmó Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), quien aseveró que si la diligencia se realizara sin un sustento legal, se afectaría el proceso penal y la resolución judicial de este asunto.
El funcionario aseguró en entrevista que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no está reticente a que los soldados sean entrevistados por los expertos sobre los hechos ocurridos en septiembre pasado en la ciudad de Iguala.
Respeto al marco legal
‘‘Quiero insistir en la plena disposición la Sedena, respetando el marco legal vigente. Me parece importante, porque además estas diligencias tienen que ver con aspectos claves de la investigación’’. Una parte muy importante del batallón declaró como testigo y el Ministerio Público puede, a partir de las recomendaciones del grupo, ampliar esas declaraciones o preguntar otras cosas.
Campa advirtió en entrevista del riesgo de llevar a cabo la diligencia solicitada por los expertos de la Comisión Interamericana ‘‘sin el sustento legal’’ correspondiente. ‘‘Puede afectar el proceso (penal) y esto, particularmente en este caso, es algo que tiene que verse con toda seriedad’’.
–¿Afectaría la investigación de la PGR?
–Exactamente, y sobre todo el proceso judicial, la resolución.
–Algunos de los detenidos por el caso Ayotzinapa hablan de tortura...
–Bueno, ellos (los expertos) han estado reuniéndose con indiciados, con procesados, y ciertamente es importante decir que argumentar tortura es una parte de la estrategia de la defensa; de lo que se trata es de acreditarla –concluyó el funcionario federal.