oato real en México, mientras Grecia, la Unión Europea y la economía globalizada contienen la respiración ante el riesgo de una crisis largamente voceada. Rápidamente repuesto de una operación quirúrgica para retirarle la vesícula biliar, Enrique Peña Nieto hizo los honores a Felipe VI, mientras algunos de los empresarios más importantes de México y España afinaban convenios que les permitirán mantener boyantes las grandes fortunas de allá y de acá. El nada sedante secretario de Hacienda, Luis Videgaray (también apellidado De las Casas, como la mayoría o la totalidad de sus compañeros de gabinete y la jefatura de éste) hacía saber, por su parte, que nuestro país está en muy buenas condiciones para enfrentar las turbulencias helénicas. Los mercados mexicanos están operando con orden y liquidez, aseguró Videgaray, mientras el peso seguía en la depreciación frente al dólar y los índices bursátiles eran impactados por las noticias internacionales.

El paraíso de las élites disfrutaba el espectáculo de la realeza visitante aunque la realidad cotidiana seguía golpeando bolsillos, integridad física y conciencias de la mayoría de los mexicanos. A un año de la masacre de Tlatlaya, por ejemplo, el gobierno peñista mantiene un velo de opacidad y una calculada falta de colaboración que ha impedido precisar técnica y jurídicamente lo que en la percepción social ha quedado cada día más claro, en cuanto a la responsabilidad de mandos militares en la ejecución de presuntos delincuentes peligrosos.

El reportero de La Jornada Gustavo Castillo hizo saber el pasado 23, con copias de los textos oficiales en su poder, que “peritajes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la Procuraduría General de la República (PGR) revelan que de las 22 personas que fueron abatidas por elementos del Ejército el 30 de junio de 2014, dentro de una bodega en el municipio mexiquense de Tlatlaya, 11 fueron prácticamente fusiladas, otras cinco murieron realizando ‘maniobras instintivas de defensa’ y del resto no se menciona que hubieran disparado contra los militares. En los documentos se da cuenta de que estaban descargadas (desabastecidas) las armas de tres víctimas, a las que en las primeras investigaciones se les señalaba como participantes en el enfrentamiento con los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”.

Ayer mismo, mientras Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera sobrellevaban la disparidad métrica respecto del alto visitante, y mientras éste creía complacer a los capitalinos al decir que recibiendo las llaves de la ciudad de México sentía una especie de invitación a convertirse él y su esposa en chilangos, el factor del abuso militar seguía presente, cada vez más denso, respecto a Tlatlaya (con la ONU apremiando a que haya avances en las investigaciones y la fijación de responsabilidades), pero también en cuanto a Iguala y Ayotzinapa.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que por mandato de la Organización de Estados Americanos indaga respecto de lo sucedido con los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, se topa una y otra vez con la muralla verde olivo que a través de sus sometidas vertientes civiles impide el interrogatorio directo a los militares que presenciaron los acontecimientos de Iguala. Según lo dicho ayer a los medios de comunicación por los miembros de ese grupo –enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, la versión oficial supuestamente inamovible, conocida como la verdad histórica (según descripción del fabricante de esa narrativa, el nunca suficientemente cansado Jesús Murillo Karam), habría sufrido un serio revés, pues la Policía Federal se habría comprometido a explorar otras líneas de investigación, a partir de hipótesis distintas de las hasta ahora sostenidas como definitivas.

En otro tema, la especialista en asuntos de transparencia y acceso a la información Renata Terrazas asegura que en el Archivo General de la Nación “existe un interés por dificultar el acceso a los archivos de la guerra sucia, quizá sea porque se quiera controlar la creación de conciencia histórica o porque se quiera evitar ver la época actual a la luz de las acciones abusivas y represivas por parte del Estado mexicano en los años setenta. El acceso a los archivos de la Galería Uno no puede reservarse bajo tecnicismos ‘legales’; seguir explorando su contenido es necesario para el esclarecimiento de casos en los que el Estado mexicano abusó de su fuerza para reprimir y desaparecer a quienes se oponían al régimen. El poder de Estado ha buscado imponer su visión de las cosas; sin embargo, conocer la verdad es necesario para la no repetición de hechos y evitar regresar a épocas tan oscuras como la de la guerra sucia” (bit.ly/1NuD0Qt).

Astillas:

Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco, dio a conocer su equipo de transición, coordinado por el ex panista Fernando Elizondo, quien se ha convertido en una especie de garante, ante los empresarios que apoyaron al ahora gobernador electo de Nuevo León, de que éste cumplirá los acuerdos discretos con esas cúpulas económicas triunfantes. En el equipo hay una presencia notable de representantes del capital norteño, entre ellos Fernando Turner, quien años atrás había sido impulsor de AMLO en aquella entidad, a tal grado que el tabasqueño lo anunció antes de las elecciones de 2012 como su propuesta para la secretaría federal de economía… Televisa (que organiza Nuestra Belleza México, una eliminatoria nacional para participar en Miss Universo, Miss Mundo y Miss Internacional) tardó en definirse respecto de Donald Trump y sus declaraciones groseras contra migrantes mexicanos a Estados Unidos. Finalmente rompió con él, mientras desde antes Univision había roto lazos comerciales con el certamen de Miss Universo, propiedad del multimillonario, al igual que ahora lo ha hecho NBC, que no difundirá ese concurso de belleza ni el Miss USA, además de que continuará con su programa El aprendiz sin el propio Trump… ¡Hasta mañana, con el INE empeñado en jugar con el PVEM a las multas que luego son condonadas o reducidas!

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