Alrededor de 750 mil personas ejercen en las calles de la ciudad de México actividades relacionadas con el comercio, y a pesar de ser un importante canal de abasto y distribución de productos para muchas zonas populares, no están reguladas, afirmó el diputado Gabriel Godínez Jiménez en el foro Desafíos del comercio popular, organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

A la fecha no existe un padrón confiable del comercio popular; se estima que hay 300 mil tianguistas en toda la ciudad de México, unos 50 mil comerciantes de mercados sobre ruedas y alrededor de unos 400 mil que pertenecen al Sistema de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública, añadió.

En el caso de los tianguis, no existe ninguna norma que regule su operación. No se sabe en qué horario deben funcionar y tampoco existe un padrón para saber cuántos son, qué productos venden, si son mexicanos, si residen en la ciudad. No existe información de ellos ni se cuenta ni con su credencial del IFE, añadió en entrevista posterior.

Los mercados sobre ruedas constituyen el único sector dentro del comercio callejero que sí está controlado. De estos se sabe que son mil 500 (mercados) que se instalan en alrededor de 10 rutas que comprenden toda la ciudad y cuentan con permisos de operación, gafetes, papeles digitalizados de la Secretaría de Desarrollo Económico y un catálogo de sanciones, apuntó.

De ese foro se espera obtener las directrices para crear la ley general de abasto, que buscaría dar un marco regulatorio a todos los canales de distribución popular que no están normados e inlcuir a los ya existentes y se pueda generar una convivencia entre comerciantes que realizan esta actividad, los vecinos y las autoridades responsables de ordenarlos.

El propósito es que el comercio no transgreda los espacios públicos donde la gente convive, que los vendedores tengan muy claros los horarios y los días para laborar y dónde no les estaría permitido, por ejemplo en las entradas de las escuelas, de los transportes públicos, los pasos peatonales, las áreas verdes o las entradas de los domicilios, entre otros.

Además buscaría dignificar el trabajo no asalariado que realiza el comercio popular, contar con un marco normativo que le permita ejercer su actividad de manera formal con el respectivo pago de derechos en un esquema de formalidad contribuyente para apoyar a la pequeña y la mediana empresas, agregó.

El diputado Rubén Escamilla señaló que el comercio popular es imprescindible para fortalecer el sistema de abasto donde no hay mercados públicos. Indicó que los tianguis requieren de un marco regulatorio para continuar distribuyendo sus productos a bajo costo.