inguno de los actores involucrados en la lucha por el poder en México cuenta con argumentos, ni siquiera mínimos, para negar que estamos ante unas elecciones intermedias que han sido profundamente dañadas por esa organización que gusta de publicitarse como Partido Verde Ecologista de México (PVEM). No es fácil que como sociedad podamos discernir la magnitud del daño y sus consecuencias, extravío que en última instancia favorece las aspiraciones del PVEM por salir impune en estas elecciones. De ahí la necesidad de no abandonar el tema y fortalecer con toda energía la justa e irrebatible demanda social que exige aplicar como sanción al PVEM la pérdida del registro (www.change.org/p/exigimos-que-quitenregistroalverde), además de impulsar una investigación sobre el origen de los miles de millones de pesos que ha invertido en la maniobra.

La tarea de nosotros como sociedad organizada será, sin duda, plantearnos un horizonte inmediato de acciones para evitar que la insultante campaña del PVEM y su desprecio por la ley y el país queden impunes. Esto incluye a sus cómplices, entre los que destacan algunos consejeros y magistrados electorales, los oligarcas del PRI con Peña Nieto a la cabeza, y los más dañinos poderes fácticos, incluido el duopolio televisivo y su influyente hueste de célebres mediocridades. Ha sido tan denigrante y burda la embestida contra la ya de por sí endeble y defectuosa democracia mexicana que el presidente nacional del PVEM, Arturo Escobar, no ha dudado en calificar de exitosa su estrategia electoral, pues ha logrado aumentar su cuota de diputaciones federales. En términos objetivos, el comportamiento de Escobar y su partido es muy parecido al de cualquier grupo de la delincuencia organizada, cuya finalidad es obtener el mayor beneficio económico con el menor daño mediante prácticas ilegales de toda índole. En pocas palabras, hacer de la mentira sistemática y de la violación de la ley dogmas de acción: además de cinismo se requieren socios para crear redes estratégicas de complicidad y corrupción en todos los ámbitos del poder político y económico. Son precisamente esas redes las que deben ser investigadas, evidenciadas y procesadas.

Por desgracia, lo anterior tan sólo es una cara del problema. La otra se encuentra en esa combinación letal entre el subdesarrollo ciudadano y lo vulnerable que se muestra el grueso de la sociedad ante la desinformación y la mentira. Ambas lacras sociales han sido estimuladas y aprovechadas por el PVEM; la prueba más clara de ello se encuentra en la pertinaz mendacidad que ha practicado desde sus orígenes y que ha llegado a niveles insospechados en estas elecciones. De todas las falacias que lo caracterizan, sin duda la más perversa es su discurso supuestamente ecologista de defensa del medio ambiente, falacia que ha sido profusamente documentada y que ha crecido en los últimos años gracias a la alianza entre el PVEM y el PRI. Ejemplo de ello es la defensa a muerte que el PVEM ha hecho de la reforma energética de su socio Peña Nieto, abriendo la puerta a la depredación ambiental del país mediante la explotación de hidrocarburos por fractura hidráulica ( fracking). Lo mismo ha sucedido con la indiferencia cómplice del PVEM respecto a las propuestas ciudadanas para reformar la ley minera, que entre otras cosas han exigido cambios drásticos en el modelo extractivo y una inmediata prohibición de la minería de tajo a cielo abierto para obtención de metales preciosos, acciones necesarias para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano. La indolencia del PVEM ante la destrucción del territorio nacional y sus ecosistemas por acción de proyectos empresariales depredadores es más que evidente.

En su reciente e ilegal campaña, por ejemplo, el PVEM pagó sumas millonarias a Cinemex por saturar a sus clientes de propaganda electoral a través de los denominados cineminutos. No importó que el dueño de esa cadena de cines, Germán Larrea, fuera también el dueño, entre muchas otras empresas, de Minera México, de la Southern Copper Company en Perú y de la línea ferroviaria Texas-Pacific. La primera tiene un amplio historial de desastres humanos y ambientales, entre los que destacan el homicidio industrial y abandono de los 65 mineros de Pasta de Conchos en febrero de 2006, o el reciente derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en el río Bacanuchi, sin olvidar los problemas que tiene en Andalucía por denuncias de corrupción. Por su parte, la Southern Copper Company enfrenta en los últimos meses las protestas de los habitantes del Valle de Tambo, Perú, que se resisten al megaproyecto cuprífero Tía María, que acabará con sus tierras y aguas; el saldo hasta el momento es de tres opositores asesinados. Por último, la línea Texas-Pacific es una pieza estratégica para la contaminante industria del fracking impulsada en Estados Unidos por las grandes trasnacionales de la extracción de hidrocarburos. Los autoproclamados ambientalistas del PVEM coronaron sus falacias de esta temporada con otra estratagema para disfrazar propaganda electoral y simular ante la opinión pública una imagen de defensores del medio ambiente: con un gasto millonario en inserciones pagadas en diarios nacionales y locales convocaron a apagar la luz el 5 de junio por cinco minutos como parte de una acción global para el Día Mundial del Medio Ambiente.

Es evidente que las redes de complicidad del PVEM llegan hasta el tribunal electoral, y que goza de las ventajas de uno de los muchos pactos de impunidad que existen en el país, pactos que nos arrastran lentamente al basurero de la historia y a la inviabilidad como nación. Lo que vimos en los últimos meses tan sólo prefigura las falacias e ilegalidades que tendremos que soportar en 2018 si no reaccionamos colectivamente para lograr, en un primer paso, la justa y urgente cancelación del registro al PVEM.