La difusión de los resultados de los peritajes de las procuradurías General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y General de la República (PGR) sobre la participación de elementos del Ejército en la masacre de Tlatlaya permite definir no sólo la posible responsabilidad de los militares en la comisión de violaciones graves a derechos humanos, sino también la responsabilidad del gobierno del estado de México y de la propia PGR, que encubrieron los hechos y negaron que hubieran ocurrido ejecuciones extrajudiciales, señaló la diputada Elena Tapia, del PRD.

La ex presidenta de la comisión especial que investigó el caso consideró cuestionable que los peritajes hayan sido conocidos por las autoridades civiles desde los primeros días de la indagatoria judicial y aun así se sostuviera durante meses la hipótesis de un enfrentamiento.

En su edición de ayer, La Jornada publicó los peritajes que sobre el caso levantaron la PGJEM y la PGR, los cuales revelan que de las 22 personas presuntamente abatidas por elementos del Ejército el 30 de junio de 2014, 11 fueron prácticamente fusiladas.

Al respecto, la legisladora perredista refirió que la comisión especial ya había solicitado estos documentos a las dos instancias ministeriales y ambas argumentaron que no había fundamento legal para darlas a conocer.

Sostuvo que resulta preocupante que la PGR conociera los dos peritajes y aun así trabajara sobre la hipótesis de que sólo ocho personas fueron privadas ilegalmente de la vida y no 11 o 16, como es posible sostener, según los señalamientos de la ampliación de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Recordó que desde que la comisión presentó el documento de conclusiones ante el pleno de la Cámara de Diputados y ante el Ejecutivo federal, concluyó que existió abuso de los militares que participaron en el operativo, así como retraso en la llegada del Ministerio Público del estado de México al lugar de los hechos.

Agregó que incluso esa instancia legislativa recomendó en su momento iniciar una investigación sobre la probable responsabilidad de altos mandos militares y de funcionarios del gobierno mexiquense por la manipulación de las indagatorias.