Taxistas organizados negaron estar de acuerdo con una regulación que incorpore a Uber y Cabify en la prestación del servicio, como dio a conocer el Gobierno del Distrito Federal, y rechazaron que se les permita autorregularse mediante el pago de una contribución a la ciudad.

De aprobarse, se impugnará ante la Consejería Jurídica, se realizarán movilizaciones y se reforzará el llamado a no pagar la revista vehicular o cumplir con la cromática oficial, pues las autoridades no tendrían la autoridad moral para exigirlo, cuando no aplican la ley contra esas empresas ilegales.

Oliver Bastida, Daniel Moreno e Ignacio Rodríguez denunciaron que el debate digital y las mesas de trabajo realizadas la semana pasada por las autoridades capitalinas fueron una farsa para crear un piso parejo que permita la entrada de esas empresas, que operan en la ilegalidad.

En conferencia de prensa señalaron que la gente de Uber “no sólo pagó 365 mil pesos para la realización del debate, donde el mayor tiempo se asignó a ésta y a los panelistas, sino que se utilizaron bots (robots web) para tuitear en su favor, pues notamos que el mismo contenido se repite en esas cuentas a partir de 10”.

Las recomendaciones y conclusiones dadas a conocer por el Laboratorio Digital de la Ciudad de México, argumentó Medina, son una pantalla para justificar la regulación de ese servicio, con el pretexto de incentivar la innovación, cuando las plataformas que utilizan ya son explotadas por permisionarios.

Tras la salida obligada de la conferencia de un policía, que tomó fotos y datos de los taxistas, Rodríguez afirmó que mientras no se realice ningún cambio en la Ley de Movilidad, la prestación de servicio de esas empresas es ilegal, y por tanto deben ser sancionadas.

Una vez más observamos el contubernio en el gobierno de apoyarlas por una cuestión económica, diciendo que nosotros estamos en favor de una regulación, cuando el sector tiene la disposición de incorporar esa tecnología y mejorar la prestación del servicio, del cual dependen de manera directa e indirecta alrededor de un millón 200 mil personas, agregó.

Por ello la exigencia al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y al secretario de Movilidad, Rufino H. León, de que actúen y pongan un alto total a empresas como Uber y Cabify; y saquen del mercado a los taxis piratas con cromática, puntualizó Bastida.