El plan nacional antidelito tiene la finalidad de ir a las causas y focalizar los problemas, en especial los que atañen a los jóvenes, principal grupo productor de victimarios en el país.

Ante los diagnósticos y críticas de organizaciones civiles al principal programa federal en la materia, la responsable de la subsecretaria de Prevención de la Secretaría de Gobernación, Eunice Rendón, dijo que es prioritario institucionalizar la atención a factores de riesgo y dar tiros de precisión.

México Evalúa, centro de análisis de políticas públicas, puntualizó desde el año pasado lo que a su juicio eran los aspectos vulnerables del plan; por ejemplo, falta de transparencia en la metodología para la selección de demarcaciones prioritarias, y una distribución de recursos no vinculada a los objetivos del programa.

En un nuevo estudio, a difundirse el martes próximo, esta organización menciona los avances del plan antidelito y su énfasis positivo en los jóvenes; no obstante, advierte sobre el aspecto de la transparencia, así como los criterios de elección de los espacios públicos a recuperar. Destaca, además, que no hay prevención terciaria (para evitar la reincidencia, por ejemplo, de la población en reclusión).

El avance fue expuesto a algunos expertos y la semana próxima, ante la prensa, dará pormenores de su análisis al Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014, nombre completo del denominado coloquialmente plan antidelito.

En cuanto a la falta de transparencia, Rendón dijo que el programa tiene una plataforma pública para observar el detalle del ejercicio del recurso en el portal www.nosmuevelapaz.org.

Del dinero destinado a la recuperación de espacios, la funcionaria dijo que si bien es importante el enfoque donde hay alta incidencia delictiva, esta recuperación debe darse también en zonas que requieren más cohesión social, participación de la gente o promover el arraigo de las personas al lugar donde viven.

Ante el señalamiento de México Evalúa, acerca de la atención a grupos vulnerables, la funcionaria dijo que el programa ha etiquetado 20 por ciento de sus recursos en todas las entidades federativas para acciones de prevención terciaria, especialmente para la población en conflicto con la ley.

Dijo que el análisis referido no toma en cuenta las acciones de otras secretarías, vinculadas directamente con el programa.

A estos análisis se sumarán los resultados de una encuesta aplicada por el Inegi cuyos resultados aportarán elementos para definir nacional y regionalmente los factores que han provocado los disparos de violencia.

En días recientes se aplicó un modelo de intervención social en Pachuca, Hidalgo, especificamente en la colonia Palmitas, donde se mejoró el aspecto de 209 casas, a través de una pintura artística, lo que lo convierte –dijo Rendón– en el mural más grande de México.

El criterio, en esta acción específica, es rescatar los espacios públicos y revitalizar la educación por medio del arte y su historia.

El anterior es un ejemplo del criterio utilizado en este programa que, a escala nacional, tiene un presupuesto de casi 2 mil millones de pesos (descontando una baja de casi 30 por ciento, aunque la funcionaria afirma que el recorte no se ha hecho efectivo hasta ahora). Para Hidalgo destinó 57.2 millones.