l 13 de junio la secretaria Mercedes Juan declaró que las reformas para implementar el acceso “universal” a la salud se presentarán “antes” de que finalice 2015. La Ssa, explicó, “trabaja” en una reforma al artículo 4 constitucional: “Para nosotros, la universalidad no ha sido descartada. Veamos cómo se van dando las cosas. Espero que se pueda presentar”.
Esa “universalidad” –diseñada e impuesta, sin consulta alguna, por la Fundación Mexicana para la Salud– no atiende las más robustas demandas ciudadanas: mejorar servicios, actualizar el catálogo de prestaciones a la altura de la ciudadanía del siglo XXI, cumplir los parámetros de suficiencia (OMS-OPS) con personal capacitado y motivado, así como con medios disponibles, para brindar la debida atención y activar estrategias efectivas de atención primaria. Lo que busca es reducir el derecho a la salud, abriendo indiscriminadamente y con extrema premura a privados el jugoso mercado sanitario.
Mientras los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) cumplen un paro de más de 40 días; mientras le estallan, sin pausa, severos conflictos con médicos (soymédico17) y enfermeras (Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México), y mientras “gobierna” –sin agenda clínica alguna– un sector acosado por imparables demandas vinculadas a la calidad de los servicios que se prestan en la red pública y privada con los cuantiosos recursos del Seguro Popular, ahora recentralizados, Mercedes Juan dedicó 26 largos meses a publicitar una “reforma” que, finalmente, enterró en febrero 2015: “No habrá reforma al sistema de salud. Ello implica posponer proyectos como la creación del sistema universal, portabilidad y la creación de un fondo único”.
Coincidiendo con el ministro José Ramón Cossío, Mercedes Juan quería una reforma que necesariamente modificara el artículo 4 constitucional. Con esta nueva base constitucional pretendía introducir en el IMSS, Issste, Sedena, Semar y Pemex: 1) garantías “explícitas” (o paquetes básicos mínimos) que racionen las intervenciones de salud, ahora sujetas a condiciones “precisas para el acceso” a los servicios. 2) Homologar interinstitucionalmente protocolos de atención y tarifas para aplicar esa paquetería “explícita”. 3) Incrementar gradualmente la lista racionada de intervenciones ya como paquetes básicos “explícitos”. 4) Crear una “procuraduría” que vigile y haga “exigibles” los paquetes mínimos “explícitos”. 5) Finalmente, integrar una Comisión Nacional de Salud Universal con todas las instituciones –más la Secretaría de Hacienda– con el encargo de ejecutar el racionamiento a paquetes básicos mínimos, así como determinar costos y tarifas interinstitucionales (portabilidad).
Para todo ello contó con el apoyo incondicional del PAN. El 2 de octubre de 2014, la senadora Maki Ortiz presentó una iniciativa para integrar el Sistema Universal de Salud, que sólo fotocopiaba la “reforma” priísta de Mercedes Juan. Y en Puebla, el 24 de septiembre de 2014, el diputado local Jorge Aguilar Chedraui anunciaba otra iniciativa fotocopiada de la del PRI, finalmente desechada. Para Aguilar Chedraui, con ella “se podrán comprar pólizas de seguros especializados para ahorrar gastos”.
Frustrado el proyecto para “universalizar” degradando el derecho a la salud, el subsecretario de la Ssa Eduardo González Pier matizó que “la universalidad se construye en distintos frentes”: hospitales “universales” de primer nivel y el Acuerdo Nacional de Emergencias Obstétricas, signado en 2009, por ejemplo. “Para esto”, agregó, “no se requiere cambiar la ley, sino que las instituciones logren convenios administrativos y económicos”.
Inmediatamente después, el 7 de abril de 2015, Peña Nieto se refirió a la “universalidad” programática: “El gobierno de la República tiene varias metas por delante, las que señalamos desde el principio de esta administración, para las que hemos construido distintos medios, formas a través de reformas, a través de políticas, a través de programas”. Una ruta para “universalizar” de facto, sin cambio legal.
La “universalidad” de Mercedes Juan-Peña Nieto considera más impuestos y menos prestaciones. Una profunda degradación del “derecho” a la salud que quiere circunscribir exclusivamente a los paquetes básicos-mínimos que opera el Seguro Popular, abriendo simultáneamente, con precipitación, al sector privado el uso de los recursos públicos.
Además del controversial y fallido modelo de asociación público-privada (proyectos de prestación de servicios) con que se edificaron siete hospitales regionales de alta especialidad (HRAE), que apenas atienden 6.5 por ciento de la demanda nacional, el sector asegurador propone que afiliados al Seguro Popular muden a aseguradoras privadas si desean “protección más amplia”, comprando pólizas que “completen” coberturas “más complejas” que, por definición, el Seguro Popular “no puede ofrecer”. Por su parte, el IMSS ya licita la cesión de 16 mil pacientes diabéticos a prestadores privados.
Frente a esta apresurada apertura total a privados, la propia Asociación Nacional de Hospitales Privados aclara que “la mayoría carecen de protocolos y compromiso, pero sí son un gran negocio. Es falso pensar que los hospitales privados van a solucionar los problemas del sistema: el país está lleno de historias, en diferentes sectores, donde los particulares, lejos de solucionar algo, lo empeoran”.
Tomando como modelo el escandaloso caso colombiano, la “universalidad” de Mercedes Juan-Peña Nieto quiere servirse de la mayoría mecánica parlamentaria PRI-PVEM-Panal y su “histórica” alianza con el PAN, para sustituir la seguridad social integral por la “protección” social básica.
Sigue dilatar el debate público para que Mercedes Juan-Peña Nieto confirmen las “bondades” de su frustrado proyecto de “universalidad” no universal, ahora frente a médicos, enfermeras, pacientes y ciudadanos abandonados por la administración Peña a su suerte, pero portadores de prometedoras agendas emergentes.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
