nfelizmente, la noticia de la muerte del malhadado proyecto de Asociación Transpacífica (ATP, o TPP, por Trans-Pacific Partnership), repetida en todo el mundo a partir del viernes último, fue exagerada y prematura. Días después, el martes 16, la Cámara de Representantes de Estados Unidos decidió no revivirlo, sino apenas mantenerlo en hibernación por seis semanas. No deja de resultar irónico que el futuro de la ATP –un proyecto que vincula a 12 países de la cuenca del Pacífico (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) y que sus partidarios presentan como la clave de la prosperidad global–dependa de un cálculo político provinciano, de corto plazo, en el Congreso estadunidense. Diríase que incluso la política internacional es local.
Los partidarios estadunidenses de la ultraliberalización de las relaciones económicas y financieras globales –reunidos ahora en una extraña alianza entre el presidente y sus archienemigos republicanos, liderados por John Boehner– realizaron esfuerzos frenéticos tras el descalabro del viernes. Obama, decidido a jugarse por la ATP su última carta política y enfrentado a los legisladores de su propio partido, encabezados por Nancy Pelosi, se valió de la bien conocida proclividad republicana hacia el libre comercio para conseguir (por 236 a 189 votos) ese lapso de respiro. Tiene ahora hasta finales de julio para resolver un intríngulis mayúsculo.
Como se sabe, ya las dos cámaras han aprobado conceder a Obama la autoridad de promoción comercial, mejor conocida como fast-track. El Senado, sin embargo, la integró en un paquete, adicionándole otra ley, que en teoría indemniza a los trabajadores estadunidenses que pierdan su empleo a resultas del libre comercio. En la Cámara de Representantes, los demócratas rechazaron esta segunda ley, que siempre habían apoyado con entusiasmo, como mero arbitrio para revertir la primera, deteniendo así el anhelado fast-track.
En el lapso de respiro que se aprobó el martes 16 podrá negociarse sobre varias opciones: una, convencer al Senado que acepte desligar el fast-track de la ayuda a trabajadores desplazados, lo que parece muy difícil de conseguir; otra, obtener que ambas cámaras aprueben una autoridad de promoción comercial que no se condicione a ninguna otra disposición, lo que tampoco es sencillo. Pueden surgir otras vías. Cualquier salida tiene que contar con el apoyo de prácticamente toda la bancada republicana y de un número suficiente de legisladores demócratas que permita alcanzar la mayoría calificada.
Por ello, la perspectiva del proyecto en el Congreso de Estados Unidos dista de ser promisoria. En este momento, el futuro de la ATP depende de que buen número de diputados y senadores demócratas decida apoyar a un presidente que va de salida y tiene poco o nada que ofrecer, o prefiera atender las fundadas objeciones de sindicatos, ambientalistas y otros grupos de presión que seguirán activos después de que Obama haya concluido su segundo y último mandato.
Debe recordarse que Obama, por lo general renuente a impulsar de manera personal y directa sus causas en el Congreso, esta vez ha llegado a extremos notables. En la práctica política, por ejemplo, subió al Air Force One a una docena de legisladores para llevarlos a Japón e inyectarles entusiasmo por la ATP. En el terreno de las ideas, montó una gran operación de propaganda para convencer a los escépticos de las enormes bondades del libre comercio, como si la ATP fuera en realidad un acuerdo de liberalización comercial.
Y, con abuso de la retórica, jugó la carta china. Si Estados Unidos abandona a Asia, al no adoptar la ATP –preguntó Obama, en estas o parecidas palabras–, ¿quién escribirá las nuevas reglas de la economía mundial? ¡China, nada menos! En cambio, con la ATP, las dictará Estados Unidos, en beneficio de los trabajadores estadunidenses. Pareció olvidar el presidente que la definición de tales reglas no corresponde a un solo país, sino al conjunto de la comunidad internacional en la OMC y en otros organismos multilaterales de Naciones Unidas.
En el coro a favor de la ATP acompañaron a Obama los sospechosos usuales, con Larry Summers a la cabeza. En cambio, tanto Paul Krugman como Joseph Stiglitz, entre muchos otros, se pronunciaron en contra de aprobar la ATP con sus actuales contenidos. Lo poco que se ha sabido de éstos (véanse en La Jornada los fragmentos de la ATP divulgados por Wikileaks) revelan su nocivo alcance. La ATP en su actual forma significa que los gobiernos delegan, a favor de corporaciones privadas, la regulación de las transacciones internacionales, financieras, económicas, tecnológicas y comerciales.
Los tipos de disposiciones más abusivas contenidas en el proyecto de la ATP, que se han filtrado a pesar del afán de mantenerlos bajo reserva, son los referidos a la propiedad intelectual y al estatus legal de las empresas privadas trasnacionales vis-à-vis los estados en cuyos territorios actúan. Estados Unidos y no pocos países europeos avanzados, como Reino Unido y Alemania, consideran que la economía del conocimiento constituye el último reducto de su ventaja comparativa global y están dispuestos a defenderlo a cualquier costo y de cualquier manera.
En materia de propiedad intelectual, la ATP retornaría la situación a las posiciones en que se hallaba hace 20 o 30 años, otorgando todas las ventajas legales y beneficios económicos, por lapsos muy prolongados, a los dueños de las patentes y ninguno a los usuarios de los productos, de cuya demanda depende la rentabilidad de los mismos. Los ejemplos más egregios de abuso de la propiedad intelectual que la ATP consagraría aluden, desde luego, a la industria farmacéutica, el sector en el que los países en desarrollo habían logrado ciertos avances hacia un tratamiento menos inequitativo y desequilibrado.
El fantasma que las trasnacionales privadas buscan conjurar, a través de la ATP, es el de la amenaza que supuestamente representan las empresas propiedad del Estado (SOE, por State owned enterprises) de países en desarrollo, en especial de las grandes economías emergentes. Partidarias en teoría de la libre competencia, las trasnacionales privadas desean que la ATP las proteja de lo que consideran competencia desleal de las SOE de países en desarrollo. Sólo falta que corporaciones como las trasnacionales productoras de equipo de transporte aéreo o ferroviario invoquen el argumento de industria incipiente para conseguir la protección frente a las SOE de China, India o Brasil.
Sin la autorización de promoción comercial para el gobierno de Estados Unidos sería inútil llevar adelante la negociación de la ATP. Si esto ocurre, como sería deseable, podrían abrirse otras opciones, más balanceadas y más congruentes con una economía mundial poscrisis, que debe definir nuevas reglas del juego, efectivas y equitativas. Una especie de anti ATP.
