Juchitán, Oax.

La consulta indígena para la construcción de un parque eólico de 125 aerogeneradores de la empresa Eólica del Sur, en este municipio, ha violado las normas de ese proceso, no ha cumplido la normativa, lo que imposibilita que la comunidad zapoteca otorgue su consentimiento informado y legítimo, advirtió la misión de observación.

En su tercer reporte, la misión documenta 32 incidentes de seguridad, la desatención a 75 solicitudes de información (15 por escrito y 60 expresadas durante las sesiones) y el reconocimiento del propio comité técnico del parque eólico de que faltan 12 asuntos por resolver antes de avanzar a la siguiente etapa: aun así, se ha pasado a la fase deliberativa.

La misión indicó que las observaciones abarcan del 2 de marzo al 20 de abril de 2015 e incluyen lo ocurrido en las más recientes sesiones informativas, el cierre de esta etapa y el inicio de la deliberación.

Las agresiones, señala, han ido dirigidas principalmente a defensores de derechos humanos de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.

El 26 de marzo fue cerrado el palacio municipal y durante 12 horas estuvieron retenidas alrededor de 30 personas. Ese día, grupos en favor de la eólica cerraron cuatro accesos a la comunidad de Juchitán en demanda de que la consulta continuara. El 14 de abril fueron retenidos dentro de la casa de cultura más de 250 asistentes, entre ellos dos observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reportó la misión.

Agregó que existe un alto riesgo de confrontación debido a que el comité técnico no ha entregado información ni ha cumplido con las fechas ni los horarios señalados en las convocatorias para las sesiones y los talleres a los que cita. Asimismo, ha desestimado el valor de la consulta al no acudir a las sesiones y al no asegurar la presencia de un traductor.

Entre las recomendaciones que la misión hace el comité técnico destaca una evaluación de los riesgos durante las sesiones, que garantice un clima de respeto e identifique y sancione a los responsables de las agresiones contra los participantes.

El grupo de observadores está integrado por las organizaciones Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, AC, Proyecto Sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación y Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC.