iempre me ha irritado aquella mezcla de facilidad irónica y resabio de gusto sabiondo con que mucha gente que se considera crítica ­–den­tro y fuera del país– habla de México como un Estado fallido.

Que el actual sea un régimen corrupto, no cabe duda (pensaba yo, serio y ponderoso). Que haya niveles altos de ineficiencia y falta de profesionalismo en los cuadros de la burocracia, también.

Pero, ¿Estado fallido? ¿Cómo se podía calificar así a un Estado que es capaz de cerrar la ciudad de México entera por una alerta de salud pública, como se hizo hace unos años cuando lo de la fiebre porcina? ¿Cómo llamar fallido a un Estado capaz de organizar elecciones a lo largo del territorio? ¿Cómo a un Estado que, a fin de cuentas, gobierna a una de las economías más grandes del mundo?

En otras palabras, me irritaba la pregunta de si México era o no un Estado fallido. Pero últimamente me entra la duda de si en realidad no se trate de una caracterización que sea, en sentido estricto, verdadera, al menos en franjas importantes de la República. Porque, a fin de cuentas, cuando un gobierno no utiliza los instrumentos técnicos que tiene a su disposición para rastrear, responder y dar cuenta de los hechos, se puede decir que, en el sentido más estricto, se está ante un Estado fallido. O cuando menos se está ante una democracia fallida. Y eso es, exactamente, lo que está sucediendo en Veracruz hoy.

Para empezar, Veracruz es el estado con más periodistas asesinados del país. A inicios de mayo, Animal Político informó que iban ya 12 periodistas asesinados durante el gobierno de Javier Duarte. Ningún asesinato se ha resuelto.

Un elemento frecuente en estos casos es que las autoridades se deslindan con cualquier pretexto. Así, el procurador de Justicia del estado se deslindó de investigar el asesinato del periodista Armando Saldaña, declarando que porque “el hallazgo lamentable fue en Oaxaca… son hechos que acontecen a Oaxaca y a los que el estado de Veracruz es totalmente ajeno (http://goo.gl/pDXFyD)”.

Bastó con que los asesinos de un periodista netamente veracruzano tiraran su cuerpo a 10 kilómetros de su pueblo, del lado oaxaqueño de la frontera, para que el gobierno aprovechara para deslindarse del hecho.

En el caso del periodista Moisés Sánchez, que financiaba su trabajo periodístico manejando un taxi, el gobierno del estado tampoco pudo esclarecer hechos, pero el gobernador Duarte sí se preocupó por aclarar que Sánchez no es reportero. Es condutor de taxi y activista social. ¡O sea! Por favor, ¡no vayan cometer la imprecisión e injusticia de agregar el asesinato a la lista de reporteros asesinados! En eso, el gobierno quiere ser muy preciso (http://goo.gl/4pqhr7).

El abril de 2015, cuando iban sólo 11 periodistas asesinados y tres desaparecidos durante el gobierno de Duarte, Noticieros Televisa publicó los datos de cada periodista asesinado y desaparecido, y remató diciendo que el Departamento de Estado de EU había lanzado una alerta de seguridad en Veracruz, pero que El gobierno estatal minimizó la alerta (http://goo.gl/K6Ytnm). La estrategia de minimizar, señalada por Televisa, va de la mano de una serie de acciones que parecen orientarse por lo general a una sola cosa: no resolver los asesinatos, o si no, a minimizar su importancia. O de perdida a echar la culpa de todo a las víctimas, acusándolas de tener asociaciones turbias, o lo que sea.

Ayer, en declaración al periódico El Financiero, Javier Duarte galantemente asume su responsabilidad para atender el reclamo de la sociedad ante la ola de violencia en el estado, pero a renglón seguido matiza diciendo que Veracruz está funcionando; mientras por otro lado le echa la culpa de todo a las convulsiones de un cambio en los valores que nos unían como sociedad (http://goo.gl/E3KlQM).

Puede ser, pero ¿y el funcionamiento del gobierno? ¿Y el trabajo de la procuración de justicia? ¿Sufren de la misma crisis de valores? Caso afirmativo, ¿con qué cara gobiernan? Por otra parte, tampoco es ésta la primera vez que Duarte deslinda a su gobierno de toda verdadera responsabilidad: hace un año, ante reclamos parecidos, Duarte se lamentó de que le tocó bailar con la más fea, es decir, que como gobernador le tocó recibir el estado en un muy mal momento (http://goo.gl/p3bcRq). Pues sí, sin duda es un mal momento, pero a Duarte no le tocó ser gobernador de Veracruz: luchó por llegar a ser gobernador. Es decir, que él sacó a bailar a la fea. Y por otra parte, en justicia a las feas, hay que reconocer que la fealdad de una pareja no ha afectado la habilidad del compañero de baile.

El 5 de junio pasado, la revista Sinembargo publica un reportaje escalofriante sobre una golpiza espantosa dada a un grupo de jóvenes activos en el movimiento estudiantil de la Universidad Veracruzana. Diez sujetos, armados de bates, palos, machetes, con chalecos tácticos policiales, irrumpieron en una casa particular de Jalapa y golpearon, apalearon y machetearon a ocho estudiantes hasta dejarlos medio muertos.

Sinembargo informa: El ataque y la denuncia pública del mismo sufrieron respuestas contradictorias del gobierno del estado y la Secretaría de Seguridad Pública, que fueron acusados de ser responsables de las agresiones. Como siempre, la palabrería gubernamental salió más rápido que las acciones que legalmente correspondían hacer. En 10 horas la policía ministerial no se acercó a investigar o acordonar el área donde ocurrió la agresión (http://goo.gl/9i8yDJ).

Peor: varias patrullas llegaron a la escena del crimen poco después de la paliza –que según los estudiantes fue propinada como advertencia intimidatoria para el movimiento estudiantil–, pero se retiraron en cuanto recibieron una extraña instrucción de los ocupantes de un vehículo Pontiac blanco. Las patrullas se fueron sin auxiliar a los heridos ni dar parte a otros elementos policiacos o a un hospital. Mientras, estudiantes y vecinos le rogaban a los patrulleros que, por favor, se quedaran, por si regresaban los golpeadores a rematarlos. Pero las patrullas se fueron, sin dar parte a nadie. Y los hechos siguen sin esclarecerse.

¿Estado fallido? Quizá. La otra alternativa es todavía peor: Estado cómplice.