El gobierno de Baja California aceptó 14 recomendaciones del grupo de trabajo que atendió una solicitud de alerta de violencia de género, la cual se emitirá si en seis meses la administración estatal no cumple con dichas medidas, informó la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos.

El Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer a la administración estatal, que encabeza Francisco Vega, las recomendaciones y las conclusiones de un informe del grupo de trabajo.

Entre las medidas planteadas destacan reformas legales, crear una base de datos única, sistematizada de víctimas y agresores, así como garantizar la protección de datos personales y el acceso a la información.

La base de datos deberá proveer información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad, a fin de conocer sus tipos, modalidades y tendencias, y poder diseñar políticas en los ámbitos estatal y municipales, acota el informe del grupo de trabajo. Lo recopilado deberá enviarse al Banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, creado por mandato de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El 27 de enero pasado la directora y representante legal de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, Mertixell Calderón, presentó al gobierno de Baja California una solicitud de declaratoria de alerta de género; por ello, en marzo se creó el grupo de trabajo, integrado por representantes de organizaciones sociales, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Colegio de la Frontera Norte y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros.

Según Calderón, en Baja California existe un entorno de alta incidencia delictiva que atenta contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, mientras el gobierno estatal insiste en negar el fenómeno de violencia feminicida y en no tipificar de manera efectiva del delito de feminicidio, lo que refleja una misoginia institucional.

En marzo anterior, el Congreso de Baja California reformó el Código Penal para tipificar el feminicidio y en abril se consignó en Tijuana al primer acusado por ese crimen. La procuraduría estatal sostuvo que hasta esa fecha no se habían cometido feminicidios en la entidad.

En su solicitud de alerta de género, Calderón advirtió que en Baja California existe una violencia sistemática contra las mujeres en un ambiente de impunidad. Los asesinatos de mujeres se caracterizan por su brutalidad: cuerpos mutilados, decapitados, restos de cadáveres disueltos en ácido, múltiples navajazos, decenas de balazos, cuerpos desollados y calcinados o restos de cadáveres expuestos en lugares públicos.

La Red Iberoamericana indicó que de 2011 a 2013 fueron asesinadas en Baja California 225 mujeres, quienes fueron apuñaladas, decapitadas, incineradas o cuyos cuerpos aparecieron en los canales de la periferia de las ciudades.

Dos estranguladas en Chihuahua

En la capital de Chihuahua fue hallado el cadáver de Iris María López Rico, de 27 años de edad, quien fue estrangulada y golpeada. Su cadáver estaba semidesnudo y tenía ropa interior metida en la boca. En esa ciudad también se descubrió el cuerpo de una mujer estrangulada y golpeada.