Diputados de PRI y PRD exhortaron a la autoridad federal a reconsiderar la advertencia girada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre reiniciar el diálogo hasta que los profesores retornen a las aulas.

El legislador priísta Jesús Valdés consideró que las autoridades educativas y la Secretaría de Gobernación encontrarán salidas consensuadas con los profesores para evitar la descomposición del ambiente político-social en el país.

Así como la Secretaría de Eduación Pública (SEP) y Gobernación deben dar muestras de capacidad de negociación, los profesores de la CNTE deben dar muestra de civilidad y entendimiento de que la Constitución no se puede negociar como ellos pretenden, expuso Valdés.

Las posturas divergentes entre el magisterio y el gobierno, indicó, deben encontrar un punto medio que conduzca a la conciliación y a negociar un tema “de gran envergadura para el futuro del país.

La administración del presidente Enrique Peña Nieto ha sostenido que la Constitución es innegociable, y en el terreno del derecho los ciudadanos, junto a las autoridad, tenemos obligaciones y responsabilidades. El magisterio debe estar consciente de las implicaciones para la República si se le diera trato preferente. En el régimen de las leyes no puede haber excepciones, porque si así fuera estaríamos transitando hacia el caos, dijo.

El perredista Roberto López Suárez llamó al gobierno federal a desistir del reciente emplazamiento y ultimátum, porque sólo se exacerba a los sectores sociales que no piensan como la administración federal.

La trunca negociación entre profesores de la CNTE y Gobernación constituye, consideró López Suárez, un nuevo riesgo para la debilitada estabilidad en el país.

“Los ánimos se han exacerbado porque las posturas –que inicialmente se acercaron– se han radicalizado. Entendemos que el magisterio –disidente– no acepta las condiciones que ha impuesto el gobierno federal en torno a la reforma educativa, por su carácter regresivo.

Si existe ánimo de resolver este conflicto, la autoridad debe mesurarse, entender que los tiempos de la imposición oficial quedaron atrás, y más que nunca es necesario que se alcance un consenso porque podemos caer en una parálisis educativa y social que no conviene a nadie, concluyó.