El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró este jueves toda posibilidad de que jueces y magistrados acusados por faltas administrativas, y por ello destituidos por resolución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), puedan impugnar los fallos por la vía del juicio de amparo.

Por unanimidad de nueve votos, la Corte negó la legitimidad (calidad jurídica que le permite a una persona iniciar un juicio de garantías) a la ex juez tercera de distrito Alma Delia Delgado Ramírez, quien buscaba un amparo para impugnar la suspensión que le impuso el CJF a raíz de una queja administrativa.

Esta es la primera ocasión que una juez sancionada por la Judicatura solicita la protección de la justicia federal a la luz de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo de 2011, las cuales introdujeron la obligatoriedad de los juzgadores de estudiar tratados internacionales en materia de derechos humanos.

La juez fue inhabilitada por seis meses por el CJF tras una queja administrativa interpuesta por Wendy Patricia Silva Cásares, secretaria de acuerdos del mismo órgano jurisdiccional, quien denunció que la juzgadora permitió que su secretario particular cobrara salarios sin haberse presentado a trabajar casi un año.

Tras cumplir la suspensión, la juez regresó a laborar, no sin antes despedir a Wendy Patricia Silva Cásares, en una clara represalia, lo que provocó que el CJF la suspendiera por segunda ocasión, sólo que ahora por siete meses.

Esto originó la inconformidad de la juez, que presentó un amparo contra la segunda suspensión, mismo que ayer resolvió la Corte.